Tierra, territorio y bienes comunes

Lee el aporte de la militante de La Vía Campesina de Honduras sobre las relaciones del feminismo campesino y popular y la lucha por un cambio en el trabajo de cuidados.

El 31 de diciembre de 2010, la empresa multinacional South Pole y la Asociación de Autoridades Indígenas Aticoya, en la Amazonia colombiana, firmaron un contrato que comprometía a ambas partes a proteger la selva amazónica con el objetivo de vender créditos de carbono a través de un proyecto REDD+ llamado “Proyecto de Mitigación Forestal Ticoya”. La iniciativa solo duró 13 años, porque en noviembre de 2023, la organización indígena decidió ponerle fin.

El fin de semana pasado, líderes de unos 10 municipios del norte de Minas Gerais discutieron los desafíos de la producción de alimentos y el abastecimiento popular, desde la población del campo, de los ríos y de los bosques.

A través de un documento, cuatro redes amazónicas exigen actuar de manera coordinada por la integridad de la Amazonía y la protección del clima global.

El avance del agronegocio se sostiene con millones de litros de veneno que enferman a las comunidades y degradan los ecosistemas. Desde los pueblos fumigados surgen reclamos urgentes por medidas de protección, pero los espacios políticos mayoritarios apenas discuten entre regulaciones parciales o la continuidad del modelo sin cambios de fondo. ¿Hay otra alternativa?

De Minas Gerais vem experiência sobre a Mata Atlântica e a floresta que alimenta, cura e resiste no território camponês.

Durante el actual gobierno, uno de los avances más destacados ha sido la reducción de la pobreza monetaria, que en 2024 alcanzó el 28,3 %, uno de los niveles más bajos del presente siglo.

El Gobierno colombiano, por medio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), hizo entrega de más de 1.165 hectáreas de tierra a 84 familias campesinas del departamento del Tolima.