México: el despojo de las fuentes de vida
El mar es territorio comunitario y los pueblos que viven en los litorales de México lo tienen más claro que nadie. Para ellos el mar es fuente de alimento, vida y cultura; de relaciones entre pueblos y de ellos con la naturaleza. El mar es la comunidad y no un mero recurso sujeto a compraventa. Sin embargo, para la nueva Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable -decretada el 24 julio de este año y que entrará en vigor este 22 octubre- el mar es una fuente de ganancias que debe ser apropiada. Una fuente más de negocios privados para los que la vida comunitaria de los pescadores es un verdadero obstáculo
Desde 1999, en el gobierno de Ernesto Zedillo, se establecieron las principales estrategias para incentivar negocios privados en pesca y acuacultura --que desarticulan la vida comunitaria de los pescadores. El Reglamento de la Ley de Pesca presentado por la entonces Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), hoy Semarnat, redujo las "comunidades" sólo al individuo y a sus dependientes directos. Bajo la noción de "pesca de consumo doméstico", supuestamente dirigida a proteger a las comunidades y en la que los permisos y concesiones de pesca no son necesarios, quedó prohibido pescar en colectividad y hacerlo para el intercambio. Las comunidades pesqueras no dedicadas a los negocios privados desaparecieron para esta norma, por lo que su actividad y existencia fue criminalizada.
Pero este reglamento no sólo limitó la forma de organización comunitaria de la pesca. Limitó además el acceso a algunas especies y restringió el uso de instrumentos técnicos para llevarla a cabo. Con la intención de cuidar los intereses privados de concesionarios o permisionarios y bajo el ardid de la sustentabilidad, este reglamento prohibió a las comunidades la pesca de especies ya concesionadas y restringió su actividad al uso de redes y líneas manuales e individuales por cada pescador. Mecanismos que en los hechos implican cuotas máximas de extracción dado la capacidad individual de producción y consumo de cada pescador y sus dependientes. La pesca para el intercambio entre individuos de la misma comunidad, o entre ellos y miembros de otras comunidades, es ahora una práctica prohibida por las leyes mexicanas. Incluso, si deciden formar una cooperativa comunitaria y pedir la concesión de un área determinada para pescar "legalmente", ésta sólo se otorga para extraer una sola especie o grupo reducido de ellas y no para la diversidad de especies de las que se conforma su dieta. Por lo que, al igual que la pesca doméstica, la pesca concesionada organizada en cooperativas ve limitada su vida comunitaria.
Esto lo saben bien las comunidades cucapás en Baja California, pues por venir haciendo lo que hacen desde hace nueve mil años, es decir, pescar y vivir de diversas especies, ya han sido presas de decomisos, destrucción de sus pangas, órdenes de aprehensión y hasta amenazas de muerte. Todo por pescar sólo siete kilogramos de camarón, especie de extracción prohibida para ellos. Para la inspección y vigilancia de las normas estipuladas en el Reglamento de Pesca vigente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se auxilia de la Secretaría de Marina. Y para quien no las cumpla existen desde amonestaciones civiles y decomisos de especies, hasta decomisos de sus instrumentos de pesca y embarcaciones, multas e incluso prisión.
Pero la privatización del mar y la desarticulación de las comunidades del litoral mexicano que se instrumenta en la nueva Ley no se observa sólo en la actividad pesquera. El impulso a la acuacultura también limita la vida comunitaria. Mientras que con la concesión de extensas áreas para el cultivo de especies marinas se privatizan lagunas de propiedad común, la comunidad se ve limitada por la destrucción de los ecosistemas costeros que supone la acuacultura. Por más que las normas ambientales presuman reducirla al mínimo, el uso de fertilizantes, sustancias químicas y antibióticos producen eutrofización de lagunas y estuarios, la muerte de especies y la aparición de mareas rojas. Por lo que el monocultivo de especies marinas no sólo transforma ricos sistemas costeros biodiversos en enormes desiertos marinos "verdes", sino que llevan su destrucción hasta las aguas costeras.
Es el caso del proyecto del gobernador Ulises Ruiz que desde 2005 impulsa la creación de un campo de granjas camaronícolas en toda el área lagunar de la costa sur del Istmo a manera de los existentes en Sinaloa y Sonora. Monocultivo del llamado "oro rosado mexicano" que ha demostrado su agresividad ambiental y su eficacia en la destrucción del sustento de comunidades pesqueras.
Esta nueva legislación eleva el Reglamento vigente desde 1999 a rango de Ley, por la vía de los hechos. Los mecanismos de privatización del mar y lagunas costeras avanzan conforme se desarticulan los lazos comunitarios. Pero además, de esta nueva Ley tendrá que emanar su propio reglamento en un periodo no mayor a seis meses. Y así, como el Reglamento de 1999 fortaleció los mecanismos incluidos en la Ley de 1992 para privatizar y expropiar la riqueza marina a las comunidades pesqueras, de la nueva Ley aún tendrán que desplegarse nuevos mecanismos en su propio reglamento. No hay que perder de vista que los posibles mecanismos que restringen la vida comunitaria y se incluirán en este nuevo Reglamento emanarán directamente de la Sagarpa y no serán discutidos en el Congreso.
Conviene mirarnos en el espejo de otras experiencias donde se restringe aun más la vida comunitaria de los pescadores en beneficio de las empresas de pesca y acuacultura privadas. En Chile, por ejemplo, toda actividad pesquera requiere concesión, el título es objeto de compraventa y se estipulan cuotas máximas de pesca para todos: llamadas "Cuotas Individuales Transferibles". La figura de "pescadores artesanales" limita a las comunidades la pesca a una sola especie especies o grupo de ellas al tiempo que se vuelven presas de las presiones del mercado para la venta de su título de concesión.
El despojo de las fuentes marítimas de vida y la desarticulación comunitaria de la que son presas las comunidades pesqueras en Chile, ya sucede en México con la privatización del agua y la tierra. Son los mismos esquemas jurídico y administrativo que impulsan el mercado de concesiones de derecho de uso de agua y de propiedad ejidal y comunal de la tierra. Es la vuelta al latifundio de la tierra y la construcción del monopolio del agua, que se extiende también al mar. El resultado, la imposibilidad de que las comunidades rurales pueden sobrevivir como lo han hecho siempre siendo uno agua, tierra, aire y comunidad.
El despojo de sus recursos implica expulsión, éxodo, hacinamiento en cinturones urbanos de miseria y, en el mejor de los casos, sometimiento a relaciones salariales, cuando no a la absoluta marginación y exclusión. Defender el territorio es defender agua, tierra, cultura, comunidad. Luchar por el territorio es también luchar por el mar.
Efraín León