Argentina

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, le solicitó a la fiscalía de Lesa Humanidad que se expida sobre la denuncia presentada por una comunidad mapuche por delitos cometidos en el marco de la denominada Conquista del Desierto. Podría dar inicio a un Juicio por la Verdad.

El 16 y 17 de agosto el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST) realizó su Encuentro Nacional en Villa Carlos Paz, Córdoba con la participación de más de 200 compañeros y compañeras de sus organizaciones campesinas y comunidades originarias de base junto a organizaciones hermanas de Argentina y Latinoamérica. “Organizar, Cuidar y Luchar para alimentar a los pueblos” fue el lema elegido para este encuentro situado en un tiempo signado por el avance destructivo que encarna en el país el gobierno de Milei con su ofensiva sobre conquistas y derechos, apoyándose en una narrativa profundamente conservadora que ganó terreno entre sectores populares, donde paradójicamente se descarga con brutalidad el ajuste y la represión.

Las comunidades mapuches de la provincia argentina de Neuquén están en alerta para defender los lagos Mari Menuco y Los Barreales, ubicados en un área entregada al  megaproyecto Vaca Muerta, iniciativa para la explotación de hidrocarburo no convencional (extraído por la técnica de fracking) en la formación geológica Vaca Muerta, zona de importantes fuentes de agua de la Patagonia norte argentina. 

El proceso de concentración de la tierra no es un efecto ignorado en ámbitos gubernamentales. Documentos oficiales, resaltan el potencial que tiene Argentina para la producción a gran escala de hidrógeno bajo en carbono gracias a la “disponibilidad de tierras”, sobre todo en la Patagonia. Las cientos de miles de hectáreas de tierras fiscales cedidas en uso por el Gobierno de Río Negro llamaron la atención sobre las extensiones que requieren estos proyectos. Sin embargo, en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde el proceso de acaparamiento de tierras sucede a partir de la compra o el arriendo de campos, no han generado preocupación más allá de las entidades ruralistas.

Desde diciembre de 2023, Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia. El negacionismo climático se convirtió en política de Estado. En nombre de la libertad, el gobierno libertario ejecuta un programa de saqueo planificado: se derogan leyes, se destruyen organismos públicos, se entregan ríos y montañas, y se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra y la vida.

Denuncian que un empresario desmontó selva nativa y avanzó sobre territorio ancestral de la comunidad mbya guaraní El Pocito para instalar un emprendimiento ganadero. El hecho se suma a otros conflictos territoriales y denuncias por vulneración de derechos indígenas en la provincia. Advierten que se exacerba el hostigamiento hacia las comunidades.

"Memoria, lucha y festejo" es la consigna que resume este agosto en el pueblo neuquino de Las Coloradas, donde hace una década frenaron la instalación de un proyecto minero en las nacientes del río Catán Lil. Con organización comunitaria, movilización en las calles, concientización y defensa de sus derechos, lograron proteger el territorio y decidir su forma de vida. Democracia real y una comunidad que hizo historia.

El 21 de julio el gobierno nacional presidido por Javier Milei dictó el DNU 493/2025, que en conjunto con llamada “Ley Bases” (Ley 27.742), habilita a la privatización de AySA, la empresa de agua potable y saneamiento del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).  Para Javier Echaide, Investigador del CONICET, con esta medida se retoma la política del menemismo -que en 1993 privatizó la anterior empresa pública (Obras Sanitarias de la Nación)- con el peligro de reiterar la fracasada experiencia de la gestión privada de Aguas Argentinas SA y exponer nuevamente al Estado a demandas internacionales.