Desinformémonos

México es el país donde más ambientalistas y defensores de la tierra fueron asesinados en 2021, con un total de 54 personas, la mayoría indígenas, ultimadas, señaló un informe de la organización Global Witness.

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) manifestó su preocupación por la «amenaza latente» de reactivación de las actividades mineras en Chicomuselo, Chiapas, sin consultar a las comunidades y ejidos potencialmente afectados y ante la «falta de intervención de las tres órdenes de gobierno».

Representantes de los pueblos maseual, tutunakú y mestizo de la Sierra Norte de Puebla viajarán al Palacio Nacional para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que detenga la entrega de concesiones mineras en la región, como parte de los acuerdos de la 34 Asamblea por la Defensa del Territorio y la Construcción de Planes de Vida.

Con una movilización frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Zócalo de la Ciudad de México, las 65 comunidades del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se manifestaron en defensa de las autonomías indígenas y contra la criminalización de sus procesos organizativos.

La organización Indigenous Peoples Rights International (IPRI) publicó un informe en el que documenta 16 casos de asedio y desprecio contra los pueblos indígenas en México, cuyas principales consecuencias han sido los desplazamientos forzados, el despojo territorial, la violación al derecho a la consulta libre, previa e informada, criminalización, asesinatos y desapariciones.

Pueblos y organizaciones indígenas del Istmo de Tehuantepec anunciaron una jornada de movilizaciones dislocadas contra el megaproyecto interconectado del Tren Maya – Corredor Interoceánico «para visibilizar el despojo neocolonial capitalista del sur-sureste mexicano», así como en apoyo a las comunidades zapatistas afectadas por los ataques paramilitares en Chiapas.

Un juez federal en Yucatán otorgó la suspensión definitiva a las obras del tramo 5 norte del Tren Maya en Quintana Roo, por las omisiones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de aplicar la política de impacto y riesgo ambiental, y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para realizar las evaluaciones ambientales para el proyecto.

Colectivos y organizaciones llamaron a manifestarse a la brevedad para denunciar la guerra contra la vida y la autonomía de los pueblos zapatistas, así como por la seguridad de los defensores de derechos humanos en las comunidades en Chiapas, ante los recientes ataques y desplazamientos forzados en los territorios autónomos.