Jaime Quintana Guerrero

Los ejidatarios oficialistas promueven la toma del nuevo banco de arena de la comunidad y secuestran a un joven defensor del territorio. La comunidad reafirma su resistencia pacífica.

Los comuneros ganaron un recurso legal que ordena la suspensión definitiva de la ampliación de la autopista, pero el gobierno estatal se empeña en llevarla a cabo.

Con dinero, proyectos productivos, comedores comunitarios, fuerzas armadas e instituciones, el Estado buscan mediatizar, desvirtuar, pervertir y desviar la lucha en defensa del territorio en Guerrero, denuncia Abel Barrera.

Detrás del discurso de protección a los derechos de la tierra, el gobierno ecuatoriano continúa con la implementación de proyectos de explotación energética que afectan territorios de pueblos indígenas.

El constante hostigamiento y el intento de división contra los comuneros de Tepoztlán por parte del gobierno de Morelos –que pretende ampliar la carretera La Pera- Cuautla, sobre territorios comunales-, es respondido con la detención de trabajadores de la empresa constructora que talan ilegalmente los árboles de la zona.

Aprovechando la miseria y la propiedad individual de la tierra, los grandes inversores imponen sus proyectos mineros a lo largo de la geografía serrana, pero los habitantes organizados ya están poniendo un alto.

La construcción de una termoeléctrica y un gasoducto que afectará a 60 pueblos de Morelos, Tlaxcala y Puebla, se ha encontrado con la resistencia de los comuneros. Hoy un plantón permanente impide el paso de la maquinaria.

Ante la falta de atención de las autoridades y la sobreexplotación de pozos de agua en el desierto, ejidatarios de las comunidades de Namiquipa, Riva Palacio y Buenaventura conformaron el colectivo Defensores del Agua del Desierto Chihuahuense.