Silvia Ribeiro

Porque nos afecta a todos y hay mucho en juego. La disputa es entre los intereses de las megaempresas (trasnacionales y nacionales), que se han beneficiado en grande con la ley y programas actuales, y la necesidad de reformar el sistema de ciencia y tecnología para que sirva a las necesidades de la mayoría del pueblo mexicano. Son paradigmas opuestos: una ciencia elitista para producir tecnologías al servicio del lucro (tecnociencia) o la posibilidad de desarrollar una ciencia digna, comprometida con la sociedad que la sostiene, que reconozca e integre distintas formas de conocimiento, que desarrolle tecnologías para el bien común, en lugar de venderse al mejor postor.

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB), marcó un hito en el año 2000 cuando estableció una moratoria contra la experimentación y la comercialización de la tecnología Terminator para hacer semillas suicidas. Ahora, en su 14a. sesión en noviembre de 2018, consideró otra tecnología aún más peligrosa: los impulsores genéticos o genes “exterminadores”. 

La propuesta de una nueva ley de ciencia y tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera ha causado revuelo mediático, la cual, sin embargo, está lejos de tocar el verdadero fondo de la controversia: durante casi dos décadas el sistema público de ciencia y tecnología en México ha sido modelado para convertirse en una fuente de jugosos subsidios para enormes empresas trasnacionales y nacionales, que sólo ha abonado a sus ganancias privadas sin dejar nada al país.

"El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) subsidia a la industria farmacéutica trasnacional, que no son empresas que necesiten apoyo y tampoco sirven al interés público. La gran farmacéutica trasnacional es una industria altamente lucrativa. Las 15 mayores empresas farmacéuticas controlan aproximadamente 50 por ciento del mercado global y están entre las que tienen mayor porcentaje de ganancias a escala global".

La industria de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) ha estado siempre en la vanguardia de la negación del cambio climático: son sus principales culpables e intentan así desviar la atención sobre su responsabilidad. 

El 15 de enero pasado, la nueva directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buylla, alertó que esa institución había entregado en el sexenio anterior alrededor de 50 mil millones de pesos en subsidios, beneficios fiscales y otras prebendas a empresas privadas, muchas de ellas enormes trasnacionales.

Las organizaciones regionales de Ecuador seguirán el trabajo de defensa y protección de sus territorios, el fallo además es un precedente importante para todo el país.

"Se trata de proyectos de desarrollo sobre tierras y territorios indígenas y campesinos, pero no según lo que estos pueblos quieren y proponen, sino según lo que instancias fuera de los pueblos consideran que sería desarrollo y teóricamente bueno para ellos. Por lo que se anuncia, con una visión convencional de desarrollo capitalista, promoviendo más comercio nacional e internacional, explotación minera, energética, maderera, turística y de desarrollo agrícola industrial. En cualquier caso, una visión desde arriba y desde afuera que no tiene en cuenta las propuestas de las propias comunidades y pueblos indígenas para sus territorios y que en muchos casos las sabotea o impide".