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El 20 de febrero la Justicia brasileña ordenó a la transnacional Vale S.A. que entregue a cada persona afectada por la masacre ambiental en Brumadinho un sueldo mínimo durante 12 meses y cada familia debe percibir además 400 reales que es el valor de una canasta alimenticia en ese país sudamericano.

El 24 de enero Brasil volvió a sufrir un crimen ambiental. En Brumadinho, una localidad del estado de Minas Gerais, un embalse de residuos tóxicos de la minera Vale se reventó y el lodo avanzó sobre el terreno y las personas.

Según las cifras del Sistema de Información de agresiones a defensores de derechos humanos SIADDH adelantado por el Programa no gubernamental Somos Defensores, desde 2016 hasta septiembre de 2018, 295 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Colombia y 1.046 amenazadas, todo para que sus ideas no sean escuchadas

La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) realizó un informe radial de los principales desafíos ambientales que tiene ese país este año, luego de un 2018 en el que, según alerta, hubo un “aumento de la impunidad de los delitos ambientales y un debilitamiento de los controles legales y administrativos”, a fin de “burlar el esquema de conservación ambiental y beneficiar a empresas contaminantes y destructoras”.

Dado que se cuenta con muchos elementos a favor de los comuneros de Tilzapote y un juicio con un 90 por ciento de avance, los políticos y empresarios que pretenden hacerse de 300 hectáreas de franja costera han echado a andar una maquinaria propagandista para confrontar y confundir a los comuneros y así caigan en un estado de desesperación, advirtió Edith Santibáñez, representante legal del grupo de pobladores.

“Voces a prueba de balas” es el nombre de la campaña que toma los discursos de 11 defensores y defensoras de derechos humanos que están amenazados en Colombia.

Sinar Corzo era defensor de derechos humanos, presidente del Comité Ciudadano por la Defensa de los Derechos Humanos “El Coloso de Piedra”, reconocido por su defensa del derecho al agua, la salud, la seguridad y los servicios básicos para ciudadanos de diversas comunidades en México. Fue asesinado en la noche del 3 de enero por personas que le dispararon desde una moto en el municipio de Arriaga (Chiapas).

Piden prisión perpetua para asesinos de Berta Cáceres. COPINH exigió que se cancele concesión del río Gualcarque por Agua Zarca.