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Argentina, con el programa de Agricultura Urbana, obtuvo uno de los diez premios que cada dos años entrega Naciones Unidos a las prácticas que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de la población

La Gira de la Mazorca Inflable refuerza el NO! de la Población Centroaméricana a los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs)

El zar de los transgénicos adquiere una empresa de agrotecnología tradicional. Se allegará de enorme gama de nuevos cultivos y de un volumen de ventas por 550 mdd

ALAI-AMLATINA, 08/02/2005, México.- El gobierno de Canadá a punto de liberar la amenaza "Terminator" en reunión de Naciones Unidas: grave avance de la comercialización de la Tecnología de Semillas Estériles

Monsanto reconoció haber sobornado a funcionarios públicos en Indonesia con el fin de beneficiar sus negocios en dicho país y de impedir el monitoreo y la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente generados por la siembra de algodón Bt. Como parte de las consecuencias, en enero de 2003 se detuvo la venta de semillas de algodón Modificado Genéticamente debido a la incertidumbre relacionada con el trabajo de regulación

El Observatorio Ambiental Latinoamericano ha enviado al primer mandatario de cada uno de los países de la región, un llamado de atención sobre las políticas mineras y de extracción hidrocarburífera en Latinoamérica

El pasado diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, más conocida como Ley Monsanto. Es una aberración, ya que no crea un marco de seguridad para la diversidad biológica, la soberanía alimentaria, los cultivos y plantas de los que México es centro de origen o diversidad, base del sustento y las culturas de campesinos e indígenas que los crearon; pero le ofrece seguridad a las cinco empresas trasnacionales que controlan los transgénicos a escala global, de los cuales Monsanto tiene 90 por ciento

El 26 de noviembre de 2004, la legislatura de la Provincia de Santa Fe aprobó una ley de emergencia ambiental que constituye una moratoria -suspensión- absoluta de desmonte, tala, deforestación, quema o destrucción de montes y bosques nativos por el término de 180 días, prorrogable por el poder ejecutivo a 180 días más