Chile

El gobierno chileno, en conjunto con ciertos sectores empresariales y políticos, pretenden imponer en el presente y dejarlo como una ley de amarre, el UPOV 91 para el fomento de la patentación de las semillas en Chile y el fomento de transgénicos, aspectos que causarían graves perjuicios a los derechos humanos, a los territorios y sus ecosistemas. A continuación una selección informativa sobre estos aspectos.

Con la presentación de la moción parlamentaria, comienza la campaña ciudadana para derogar la ley de privatización pesquera Longueira-Angelini, debido a que es una ley viciada, ya que su aprobación fue financiada por el dinero de las 7 familias de empresarios pesqueros directamente beneficiados.

En Santiago hoy, 10 de junio, se realizará una manifestación en la Plaza Italia a las 19 horas / La ley consagra el monopolio de la semilla por los obtentores, que tendrán todas las garantías en el mercado, lo que tiene como consecuencia implícita y obviamente no declarada, la progresiva desaparición de la semilla campesina e indígena. En los países en que rige el convenio UPOV 91, se criminalizan los intercambios de semilla y en varios de ellos sólo se encuentra a disposición de los campesinos semilla “certificada” y/o transgénica, en el caso del maíz y la soya.

Este martes se reanuda la tramitación del proyecto de ley de obtentores vegetales que pretende actualizar la ley de semillas y dar firme cumplimiento a los intereses de las empresas semilleras como Monsanto. ¡Por semillas libres de patentes y transgénicos, es hora de movilizarnos!

El martes 11 de junio, el Senado reanuda la tramitación de la ley de Obtentores Vegetales, que deroga la actual ley de Semillas para hacer posible la promulgación del Convenio UPOV 91, hecho a medida de Monsanto y de las transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas.

"La revelación acerca del dinero que Corpesca, la mayor compañía pesquera chilena, transfirió a la diputada Marta Isasi, quién voto a favor de la Ley Longueira que privatizó las cuotas pesqueras en favor de siete familias de industriales, está generando la transversal demanda de revisar y revertir esta normativa, pero también la necesidad de que parlamentarios informen acerca del financiamiento que reciben de empresarios."

Mientras el Subsecretario de Pesca reconoce que las empresas están entregando datos falsos acerca de la cantidad de piojos de mar en sus centros de cultivo, la Superintendencia de Medio Ambiente reveló compañías mantienen centros salmoneros ilegales que no tienen permisos sectoriales y en lugares donde no están autorizados.

La Corte de Apelaciones de Chillán deberá fallar próximamente la causa del agricultor orgánico José Riquelme Vásquez contra la transnacional Monsanto Chile, que arruinó al productor vendiéndole semilla de melón “mejorado” que no correspondía a la variedad comprada. La demanda fue interpuesta en 2009 contra la transnacional semillera y la firma comercial Mahuida Ñuble, distribuidora de semillas Seminis/Monsanto.