Colombia

En el papel, la comunidad afro de ese consejo comunitario es dueña de 107 mil hectáreas de tierra en el Bajo Atrato (Chocó). En la práctica, el 95% de las tierras productivas están en manos de una decena de empresarios que las adquirieron en medio de la arremetida paramilitar a la región. El Cinep documentó este caso y lo entregó también a la Comisión de la Verdad.

Este semestre, el representante Juan Carlos Losada ha presentado varias iniciativas de carácter ambiental. Uno de estos es el proyecto de acto legislativo que busca prohibir las semillas transgénicas en el país. Este martes, la propuesta dio un paso importante al ser aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.

Presentamos el noveno informe del especial periodístico sobre la crisis humanitaria de los pueblos indígenas en Colombia, que viene produciendo nuestro medio aliado Hacemos Memoria, a través de la Red de Periodismo y Memoria de la que hacemos parte como Agencia Internacional de Prensa, con el fin de acercar al público internacional los hechos de violencia política que han afectando históricamente a las comunidades más vulnerables en el país suramericano, por causa del conflicto armado interno y la marcada exclusión social y política.

La lideresa social del Movimiento Ríos Vivos, María Cecilia Muriel, habitante del municipio de Valdivia, quien hace parte de la Coordinación General (máxima instancia del Movimiento) y de las juntas Directivas de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida (AMARU) y de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA) articuladas en Ríos Vivos, debido a las amenazas que ha venido sufriendo, decidió cambiar de vivienda después de una compleja reunión sostenida con autoridades locales en la que aumentó su situación de riesgo.

El Senado de la República decidió en sesión de este miércoles que el artículo 210 en ley de regalías no irá. Así, ganaron quienes no quieren fracking en el país.

Comunicado a la opinión pública

Desde Censat Agua Viva repudiamos y condenamos de forma enérgica ante la comunidad nacional e internacional el recrudecimiento de la grave situación de violencia y asesinatos en Colombia, que en los últimos meses ha estado dirigida en mayor medida en contra de la niñez y juventud del país. De la misma manera, reafirmamos nuestro repudio y rechazo a la sistemática muerte de líderes y lideresas sociales pertenecientes a las organizaciones de base campesina, indígena, sindical, de movimientos urbanos, de derechos humanos, de comunidades negras y de mujeres. Condición que se agudiza, sin que el gobierno colombiano reconozca la sistematicidad del fenómeno y por tanto no implemente las medidas urgentes para evitarlo.

Desde que inició el confinamiento en Colombia por motivo del coronavirus, nos han llegado a 3Colibrís numerosos mensajes de nuestra comunidad de lectores solicitando que dediquemos columnas a la agricultura urbana. Este tema ha experimentado un creciente interés a nivel mundial, por su significativo potencial de fortalecer la soberanía alimentaria de los comensales urbanos y reducir la existencia de desiertos alimentarios en las ciudades.

Nos dirigimos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos teniendo en cuenta que el Estado colombiano es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y en su condición de Estado Parte acepta la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su jurisdicción interna.