Colombia

Enqueri Ehuenguime, dirigente del Pueblo Waorani, denunció el asesinato de al menos 15 pobladores originarios por trabajadores de empresas madereras colombianas que realizan trabajos de explotación ilegal en el Parque Nacional Yasuní.

El predio, en Puerto Gaitán (Meta), tiene 17 mil hectáreas y se debía asignar a 80 familias. Pero en 10 días, y por 50 años, pasará a manos de empresas del sector palmicultor e inversionista.

En medio de las dramáticas transformaciones jurídicas, políticas y económicas implementadas por el gobierno nacional, relacionadas con la privatización de los recursos naturales y del reordenamiento del control sobre los territorios y recursos estratégicos del país, el día 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional, declaro inexequible la Ley Forestal, luego de una demanda por inconstitucionalidad, instaurada en el año 2007 por el “Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes”, elaborada a partir de una rigurosa sustentación jurídica por parte de este excelente grupo de trabajo, con el apoyo de amplios sectores de la sociedad civil.

Entrevista a asesor de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena de Colombia, Héctor Mondragón. Su defensa de los derechos de los campesinos, indígenas y sindicalistas colombianos le ha llevado a la cárcel en siete ocasiones y al exilio en una, pero a este economista, hoy asesor de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena de Colombia, no es tan fácil intimidarle. Su visita al Estado español es una muestra de que las amenazas y la persecución política que sufren él y los sectores sociales a los que apoya son en realidad una motivación más para alzar la voz. Y es que en Colombia, como nos deja claro en esta entrevista, existen muchas razones para no callar.

Para difundir los conflictos ambientales, sociales y culturales generados por los megaproyectos agroindustriales y los impactos sobre los territorios y culturas de las comunidades negras, indígenas y campesinas; desmitificar a los agrocombustibles, como una alternativa limpia, sostenible, que contribuye a la disminución del calentamiento global; evidenciar las políticas, los actores, los intereses de quienes promueven los megaproyectos de la agroindustria para combustibles; visibilizar las posiciones y propuestas de las comunidades para enfrentar la expansión de los cultivos para agrocombustibles e intercambiar herramientas para la resistencia, defensa de los Territorios y Biodiversidad y Culturas

En comunicado público, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y la Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano (FUNDECIMA) denunciaron en este martes (18) una serie de violaciones que han ocurrido a las comunidades afro descendentes del Corregimiento de El Hoyo-Patía, en Colombia. El comunicado hace conocer algunas de las demandas de estas comunidades, que desde el último día 13 han hecho presencia en la vía Piedrasentada para presionar el cumplimiento de acuerdos pactados con las empresas mineras, acusadas de causar los daños a las comunidades

En el periodo actual, la entrada del capital exterior y la dominación de las empresas transnacionales corresponden a la apertura de los mercados mundiales fruto del modelo neoliberal de desarrollo. La sobreexplotación de las materias primas (petróleo, oro, y otros metales), la extensión de los monocultivos para la exportación de productos agropecuarios y últimamente para la producción de agro combustibles, son al origen de las expulsiones de sus tierras de los campesinos y de las comunidades indígenas y afro descendientes. Obedecen a las exigencias de la globalización del capital y acentúan el carácter dependiente de las clases dominantes colombianas frente hacia el capital principalmente norteamericano y europeo. A la catástrofe social se añade un desastre ecológico

El desplazamiento forzado no es un delito ocasional sino un fenómeno sistemático que tiene, por lo menos en su última fase, una historia de más de veinte años. Un delito que, además, está relacionado con otros, desde masacres hasta amenazas, y, en general, con una situación permanente de violación de los derechos humanos. Al indagar en las causas del desplazamiento forzado, aludir al conflicto armado es, por cierto, una explicación insuficiente. En el fondo se encuentra la secular disputa por la tierra en sus dos acepciones principales: como recurso económico y como control territorial