Ecuador

La consulta popular puede ser una herramienta vigorosa para construir democráticamente una sociedad libre y empoderada. La participación popular es la base misma de la democracia. Por eso, saludamos la convocatoria del presidente Moreno, que se presenta como un intento por recuperar la esencia del proceso que nos llevó a la constituyente de Montecristi y luego a elaborar participativamente la Constitución de 2008. Pero, al mismo tiempo, creemos que debemos dejar plasmada nuestra sensación de que la consulta es insuficiente.

Tal como reconocen los considerandos de la Consulta Popular, es tiempo de retomar y recobrar el espíritu de la Constitución de Montecristi de donde emerge el Mandato Minero, que ahora con la Consulta Popular vuelve a estar de plena vigencia.

En medio de una serie de escándalos de corrupción, fueron presentadas las preguntas para la consulta popular. El proceso de diálogo abierto para determinar los temas de la misma ha sido un precedente importante que se distancia de las formas anteriores de imponer agendas y de despreciar las opiniones diferentes. Esta consulta además nos plantea que hay asuntos en los que la participación es una condición de la democracia.

Como ha ocurrido en las últimas décadas, el nuevo avance de la explotación petrolera y la apertura del país a la megaminería en la Amazonía se justificaron con la óptica de que las comunidades se beneficiarían con la extracción de los hidrocarburos y minerales que están en el subsuelo. Desde el gobierno fue denominada la “nueva Amazonía” para resaltar el supuesto carácter fundacional de su agenda para la región, basada en megaproyectos que cambiarían estructuralmente la relación de la Amazonía con el Ecuador y el mundo.

Parcelas y terrenos de productores del Azuay son el mejor ejemplo de cómo se debe aplicar la agroproducción. Conseguir semillas de calidad es una de las claves para garantizar el mantenimiento de la soberanía alimentaria.

Representantes de organizaciones sociales, campesinas y docentes de diferentes instituciones de educación superior presentaron ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad por la forma del art. 56 de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semilla y Fomento de la Agricultura Sustentable, que permite el ingreso de transgénicos al país.

"Creemos que las ecuatorianas y ecuatorianos debemos pronunciarnos sobre el futuro del país en relación a la explotación minera industrial, no solo porque supone una afectación directa a nuestras vidas y territorios, sino porque es nuestro derecho constitucional el participar frente a toda decisión estatal que puede afectar nuestros derechos".

Como actores de diferentes instancias de la sociedad civil, compartimos nuestra perspectiva colectiva sobre la importancia del Código Orgánico de Salud (COS).