Guatemala

Con la instauración del Estado de Sitio lo que se busca es institucionalizar el proceso de control social y el apoyo al proyecto minero.

La Marcha Indígena Campesina y Popular manifiesta a la opinión pública nacional e internacional su indignación por los hechos de terror, violencia y represión emprendidos por el actual Gobierno y se solidariza con las víctimas y las luchas legítimas del Pueblo Xinka en la defensa de sus tierras y territorio.

"El Observatorio de Pueblos Indígenas destacó que el Estado de Sitio tiene características represivas y pretende deslegitimar la protesta social pacifica que han mantenido las comunidades en la zona debido a la instalación de la mina San Rafael, desde el 2008."

"Amigos de la Tierra exige a Hidralia la retirada de cargos antes del 27, así como el abandono del macro-proyecto Canbalán, que amenaza las vidas de la población, y está siendo la causa de la ola de violencia y represión que engulle a Santa Cruz de Barillas."

La lista parece interminable. Las víctimas de la violencia sistemática en Guatemala contra quienes lideran procesos de resistencia a la minería, hidroeléctricas y otros megaproyectos aumentan hasta conformar un genocidio donde hombres, mujeres y niños son amenazados, perseguidos, encarcelados y finalmente asesinados en la más completa impunidad.

Durante el segundo encuentro contra la minería, realizado del 10 al 14 de abril, en el municipio de Aguacatán, en Huehuetenango, Guatemala, el movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero hizo un análisis del modelo extractivo minero global y regional y sus consecuencias para las comunidades, medio ambiente y cultura en la región de Mesoamérica.

El movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, ha celebrado entre el 10 y 14 de abril de 2013, su segundo encuentro contra la minería en el Municipio de Aguacatán, Departamento de Huehuetenango, República de Guatemala, donde trabajamos los ejes y acciones de los próximos 3 años.

Comunidades indígenas han llevado a cabo tres "consultas de buena fe" y otras dos fueron realizadas por comunidades multiétnicas. En total 74 consultas se han efectuado desde el 2005 tuvieron como resultado el rechazo a la explotación de recursos naturales en sus territorios.