Agua

Oscar Soto (FCPyS-UNCuyo) escribió este artículo, publicado por el Área de Ambiente y Política de la EPyG, en el cual describe la lucha campesina con la intención de reflexionar acerca de los procesos de subjetivación política de la subalternidad rural mendocina. Para ello, traza una cronología de las condiciones que marcaron la discusión sobre la reforma de la ley 7722 y sus ribetes actuales. 

El Congreso de Perú presentó una propuesta legislativa para derogar la Ley que prohíbe el ingreso de Organismos Vivos Modificados (OVM), también llamados transgénicos. Estos no pueden ingresar al país desde 2011 y esta moratoria que impide su ingreso fue extendida hasta el 31 de diciembre de 2035.

En 2015 la muerte de vacas develó que el agua y el suelo de Alto Mañihuales estaban contaminados con metales de la mina El Toqui. Nuevos informes muestran que el arsénico sigue en el agua y que la empresa no ha cerrado el relave minero, triplicando el máximo de contaminantes que podía almacenar.

Las organizaciones que conforman la Alianza por los Humedales Andinos alertan a la Secretaría de la Convención Ramsar acerca de los cambios en las condiciones ecológicas de los humedales andinos y el incumplimiento de los países de sus obligaciones internacionales.

Volvieron los reportes mensuales del  Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente de Chile (MODATIMA) a Radio Mundo Real.

Bancos españoles y grandes corporaciones obtienen beneficios del agua ante un Estado que incumple su obligación de garantizarla. Más de un millón de viviendas en México se abastecen de forma recurrente por servicios de entrega privada de agua.

Una de las empresas más grandes de la región de Los Altos es Proteína Animal (PROAN), con sede en San Juan de los Lagos. Esta empresa encabeza la lista de las 17 empresas con más concesiones y eso la convierte en el mayor usuario de agua en la zona.

Pesquisadores alertam para os impactos da energia hidrelétrica sobre ecossistemas fluviais e recomendam o fim de subsídios públicos a usinas ineficientes e prejudiciais à biodiversidade aquática.