Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Las organizaciones firmantes recordaron que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado, y se inscribe en un contexto de políticas pro mineras en el Perú, que ha implicado represión violenta y violación de derechos fundamentales".

En medio del avance del agronegocio, la represión y los constantes golpes a las organizaciones sociales, la liberación de los campesinos presos y su retorno a las tierras de Marina Kue, donde junto a otras familias rurales construyen hoy un nuevo asentamiento campesino, constituye un bálsamo y un nuevo impulso para las luchas populares.

Los diferentes casos recogidos en la publicación tienen como característica en común que “las mujeres tienen un papel preponderante en la defensa de los territorios y que, a pesar de sus limitantes por abrirles pocas oportunidades o espacios, ellas siempre están incursionando decididamente.

"Consideramos que la tierra de Marinakue debe ser garantizada para las campesinas y los campesinos víctimas y familiares de víctimas de la masacre. Por extensión, no descansaremos hasta que todas y todos los paraguayos tengamos derecho al disfrute de la tierra propia para la vivienda y para la producción".

A medida que se acerca la fecha de inicio del juicio se multiplican los intentos de minar la credibilidad de testigos e investigaciones independientes. Defender la tierra y los bienes comunes sigue siendo una actividad sumamente peligrosa.

El impacto de las industrias extractivas es agresivo a nivel económico, social, ambiental y cultural en las zonas de influencia directa e indirecta donde se desarrollan estas actividades. Los conflictos han dejado muertes, heridos, criminalización de la protesta, hostigamiento, violencia física y sexual hacia las mujeres.

"Vemos con mucha preocupación las tendencias que apuntan a exacerbar la criminalización de la protesta social mediante la instauración abusiva de procesos judiciales en contra de líderes de organizaciones sociales y de comunidades, a través del uso desnaturalizado de figuras penales que tienen graves impactos en los DDHH, la libertad de expresión y la movilización social."

"Desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras nos han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, el acceso a la información básica sobre lo sucedido. Le han negado al pueblo Lenca y al pueblo hondureño en general la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, esto a pesar de las intermediaciones de la CIDH, las misivas de organismos de Naciones Unidas o del Parlamento Europeo".