Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

La socióloga maya quiché, de origen guatemalteco, Gladys Tzul Tzul ha dedicado su actividad intelectual a reflexionar acerca de las formas comunales de hacer política en el seno de las comunidades indígenas. Conversamos con ella acerca de la potencia de lo comunitario, de la apropiación cultural y de los cruces entre el feminismo y las luchas por la tierra en países como Guatemala.

Las comunidades mayas, tsotsiles, tzeltales y choles presentaron una demanda de juicio de amparo contra su construcción ya que el Estado mexicano violó el proceso de consulta previa al no respetar el Convenio 169 de la OIT y los estándares internacionales. Los pueblos indígenas piden respeto a su autonomía y libre determinación, y también reclaman por su integridad física, moral y psicológica.

Desde la Unión de Asambleas Patagónicas repudiamos la decisión gubernamental de liberar al extractivismo de la cuarentena obligatoria, al considerar como actividades “esenciales en la emergencia” a la producción, distribución y comercialización forestal y minera; curtiembres; exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear; fumigaciones; entre otras

¿Somos una sociedad cuidadora? Escribimos este editorial el primer día oficial de confinamiento por el estado de alarma decretado a causa de la epidemia de COVID-19 en el Estado español. Una situación excepcional como esta desvela en gran medida nuestra naturaleza. ¿Qué vemos a nuestro alrededor? ¿Nos preocupa el bien común? ¿Es ahora un buen momento para reflexionar sobre su significado?

Los pobladores de las comunidades Minas Viejas, Las Ceibas, Durango, San Francisco de Bogotá, Santa Rita, cantón San Lorenzo, zona norte de la provincia de Esmeraldas, denuncian que sus ríos, únicas fuentes hídricas de las que dependen para actividades sanitarias y alimenticias, están siendo contaminados por las actividades mineras, que se han intensificado durante la declaratoria de emergencia sanitaria. 

Distintos sectores de la sociedad panameña han expresado su preocupación por los efectos negativos que esta dejando el coronavirus en el país. Uno de estos es el sector organizado ambientalista que, bajo los derechos humanos, plantea el acceso a un ambiente sano, mismo precepto que el Estado debe cumplir. Sin embargo, se muestra el tema un poco debatido o excluido de la agenda emergente del Estado. Y al no constituirse como referente u ordenanza, el nivel de conciencia social es poco probable que tenga un  ambiente sano, condición para una buena salud en la población.

La irrupción de un activismo climático de matriz juvenil no solo revitalizó el campo de acción, sino que abrió nuevas expectativas en un contexto de renovada urgencia climática. Este movimiento no está exento de riesgos –como su encierro en una dimensión cultural-expresiva o la parálisis colapsista–, pero su persistencia resulta clave en el contexto del fracaso sucesivo de las cumbres climáticas globales.

Después de más de 20 años de litigio, la Corte Interamericana dio la razón a la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat en el reclamo que le inició al Estado en 1998 con patrocinio del CELS. Dispuso que el Estado otorgue un título único a la propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas de tierras ancestrales. Por primera vez la Corte reconoce la violación por parte de un Estado de los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua.