Extractivismo

De acuerdo con el monitoreo del Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente Perú perdió 203 mil hectáreas de bosques en el año 2020. En un contexto marcado por la pandemia la pérdida de bosque de 2020 ha sido la más alta de las dos últimas décadas.

Todos los países de latinoamericanos viven, desde hace décadas, crisis tras crisis. No hay excepción. De manera simultánea y avasallante se sobreponen y retroalimentan las crisis de la modernidad, la democracia, la economía, la seguridad, lo ambiental y los derechos humanos en cada uno de los territorios de la región. ¿Cómo y desde dónde arrojar luz para comprender y revertir este agotador y desesperanzador cúmulo de crisis?

En momentos en que se presenta una nueva demanda internacional contra el presidente de Brasil por crímenes contra la humanidad por la devastación que está causando su política de deforestación en la Amazonia se difunde un informe que destaca la responsabilidad de empresas y bancos occidentales en esas prácticas.

A las 22 horas de la noche del 18 de octubre en el Consejo de la Judicatura de la Provincia de Pastaza se dictaminó una sentencia que, debido a la gravedad de los derechos colectivos vulnerados, ya se define como “histórica”. Al cabo de dos días de audiencias, la jueza Laura Cabrera aceptó la acción de protección interpuesta por la Nación Sapara del Ecuador (NASE) y la Defensoría del Pueblo de Pastaza en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por haber vulnerado los derechos colectivos de este pueblo indígena de la Amazonía Ecuatoriana.

Utilidad Pública y conceptos análogos relacionados con actividades minero-energéticas

Análisis en Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Honduras, Chile, México y Perú

Las actividades extractivas cobran cada vez más fuerza en América Latina poniendo en riesgo la permanencia en los territorios de las comunidades afectadas con su implementación, la integridad de éstos y la garantía y realización de derechos.

Mais de 170 organizações do mundo todo, entre elas Amazon Watch, Food & Water Watch, Indigenous Environmental Network, Sunrise Movement, Gulf Coast Center for Law and Poverty, Friends of the Earth assinam declaração se opondo às compensações de carbono.

¿Es de utilidad pública el extractivismo mineroenergético en América Latina? ¿Quién decide? ¿Se hacen balances transparentes sobre los verdaderos costos y beneficios de esas actividades? ¿Se escucha a la gente? ¿Quién responde por los daños? ¿Se necesita resignificar la Utilidad Pública? ¿Puede existir una economía del bien común?

Con el presente estudio pretendemos indagar sobre el andamiaje jurídico y conceptual sobre el que se sostienen las figuras de utilidad pública y otros conceptos análogos (en adelante “UPYCA”) con altos costos en los procesos de construcción de democracias que han de cimentarse en el respeto de los Derechos Humanos. Estudiamos desde diversas disciplinas cómo operan las declaraciones de UPYCA en nuestros países y cuáles son sus consecuencias.