Tierra, territorio y bienes comunes

No dia 25 de novembro de 2025, a  Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou, com 50 votos favoráveis e nenhum voto contrário, a Emenda Constitucional nº 119. Essa mudança altera o artigo 247 da Constituição mineira, revoga proteções históricas e inclui o §10, que agora permite a concessão de terras públicas a empresas controladas por estrangeiros.

La intención de eliminar o debilitar los Derechos de la Naturaleza en la Constitución del Ecuador, expresada en declaraciones oficiales que señalan que la Constitución debe “adecuarse a la realidad productiva”, que los Derechos de la Naturaleza “impiden el desarrollo”, “frenan la minería”, “frenan la inversión” o “paralizan la economía”, desnudaron la tensión estructural entre un modelo constitucional basado en el Buen Vivir, la protección de la vida y la integridad ecológica, y un modelo económico dependiente de la extracción de minerales, petróleo y otros bienes naturales.

"El informe, advierte que la contaminación del agua, la inexistencia de controles ambientales y la operación irregular de empresas extractivas en la zona amenazan derechos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, la salud e integridad de las comunidades, así como los derechos territoriales del pueblo indígena poqomam".

El intento de recuperar las 11.000 hectáreas de tierras de la Estancia Lucipar, propiedad del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha (Cabeza Branca) y sus testaferros acabó con más de 40 campesinos y campesinas detenidos, decenas de heridos y una violenta represión hacia quienes exigen su derecho a la tierra.

Num sistema de produção que não respeita nem os direitos trabalhistas e humanos, nem as leis de proteção ambiental, trabalhadores e trabalhadoras são vulnerabilizados e empurrados para atividades que destroem ecossistemas. Acompanhe no sexto artigo da série Para “adiar o fim do mundo”: as verdadeiras soluções verdes brotam da terra.

La mayoría de las y los ecuatorianos optamos una vez más por defender y proteger el agua. Por eso ratificamos la Constitución de Montecristi el 16 de noviembre, dando el triunfo al NO en la pregunta D de la consulta popular, con la que se pretendía redactar una nueva Constitución que anunciaba ser regresiva en derechos humanos y de la naturaleza.

Los gremios del agronegocio —UGP, ARP, etc.— pretenden instalar en la agenda pública la idea de que las ocupaciones de tierras constituyen una amenaza al “orden” y la “seguridad jurídica”. Sin embargo, especialistas recuerdan que este discurso omite la causa estructural del conflicto: la desigual distribución de la tierra y la persistencia de propiedades de origen irregular. En el centro de la polémica se encuentra Lucipar, una estancia ubicada en San Pedro, reclamada por organizaciones campesinas y que perteneciera a un terrateniente vinculado al narcotráfico.

Cada vez más, el avance corporativo se disfraza de protección legal. Bajo leyes que supuestamente resguardan la semilla, se abren puertas para su registro, certificación o privatización. Frente a ese cerco, los pueblos indígenas y rurales sostienen sus semillas como si fueran un territorio vivo. Lo que está en juego no es solo la agricultura, sino un pilar esencial de las sociedades latinoamericanas.