Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Desde el Curvaradó ante la ocupación ilegal de la propiedad de la familia PETRO por parte de URAPALMA, un texto hablado colectivo, un escrito de impresiones, desde esa región que quiere recuperar su biodiversidad, su dignidad, la justicia

La actuación del ejecutivo en la preservación, en la restitución y en las decisiones político administrativas para los Derechos de las comunidades y poblaciones que desde hace 10 años se encuentran afectadas profundamente por la práctica sistemática de la violencia socio política contra ellas evidencia una ausencia para enfrentar estructuralmente los problemas de fondo. La coincidencia de las violaciones de derechos humanos con el desalojo, la siembra de palma, la destrucción ambiental, y la negación de los Derechos a la supervivencia de pueblos afrocolombianos, indígenas y mestizos es evidente

Jiguamiandó y el Curvaradó son los nombres de Territorios que han salido de su anonimato y relativo ostracismo por las construcciones de afirmación integral de sus derechos que han hecho quiénes allí habitan: comunidades afrodescendientes, mestizas e indígenas ante sistemáticas violaciones de derechos humanos y la siembra de palma aceitera que ha sido posibilitada por la destrucción de vidas humanas. Las tierras invadidas con palma corresponden proporcionalmente a la extensión de Bogotá, con las que se ha exterminado centenares de especies y de sistemas de vida natural

Se trata no sólo de una flexibilización de los Derechos sobre la tierra reconocida a los pueblos afrodescendientes e indígenas si no de una negación profunda de sus derechos ancestrales, su identidad socio cultural, el desconocimiento de la igualdad y de la biodiversidad cultural que consagra la Constitución. La derogación sutil –pues se disfraza en discursos de participación y calidad de vida, conservación y desarrollo sustentable- de los derechos de los pueblos étnicos coincide con el proceso de institucionalización paramilitar a través de la cual se instaura un nuevo mecanismo de impunidad a través de la ley 975 de “Justicia y Paz” y las lógicas del mercado global excluyente antes incluso que se apruebe el Tratado de Libre Comercio

Operaciones militares y paramilitares de protección o de avanzada del proyecto agroindustrial han incursionado en territorios colectivos, han construido carreteras, talado bosques, excavado canales artificiales