Costa Rica

Por violación del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y del derecho de participación ciudadana en asuntos ambientales en el trámite de permisos para la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados.

El pasado 1 de febrero, la Sala Constitucional admitió un recurso interpuesto por diferentes organizaciones, que durante varios meses se han opuesto a la solicitud presentada por la empresa Delta & Pine D&PL Semillas Ltda (Monsanto) ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, para sembrar maíces transgénico.

Grupos ecologistas celebraron la decisión de la Sala Constitucional de suspender el permiso otorgado por el ministerio de Agricultura a la siembra de semillas transgénicas en Chomes, Puntarenas.

Ante la reciente aprobación para la siembra de semillas de maíz transgénico en Chomes de Puntarenas, 22 cantones se han declarado libres de transgénicos por la posible siembra de maíz y otros tipos de cultivos modificados genéticamente en nuestro territorio.

Pese a la firme oposición de varias organizaciones nacionales y el voto contrario de los representantes de la Federación Ecologista, la mayoría de los integrantes de la CTNBio decidió aprobar la solicitud presentada por D&PL Semillas Ltda, subsidiaria de la compañía Delta & Pine Land (Monsanto), para sembrar 15 hectáreas con maíces transgénicos MON-88017, MON-603 y MON-89034.

Decisión de Comisión no es la última palabra, afirman. Anuncian más movilizaciones y acciones legales en defensa del maíz

Tras la aprobación de la siembra de maíz transgénico en Costa Rica los ecologistas no se dan por vencidos, pues los procesos legales no se detendrán. Ahora inicia, anunciaron, una nueva etapa con la votación favorable a la siembra del maíz de Monsanto, ya que ahora se pueden establecer acciones legales y administrativas.

El “Protocolo de Nagoya (PN) al Convenio de Diversidad Biológica (CDB), sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización”, está siendo revisado en varios países para acordar o no su ratificación. La Asamblea Legislativa de Costa Rica solicitó la opinión a diversas organizaciones e instituciones, entre ellas la RCB. Aquí compartimos algunas ideas generales que nos sirvieron de telón de fondo para formar nuestro criterio y plantear su no ratificación.