Paraguay

Campesinos del asentamiento «3 de Junio Translumbre», ubicado en el distrito de Alto Vera, Departamento de Itapúa, fueron víctimas de un nuevo caso de desalojo aparentemente irregular. Según los testimonios locales, el operativo se realizó a pesar de que las familias ocupan y poseen el terreno desde hace 26 años, según denuncian el procedimiento busca favorecer al Diputado cartista Avelino Dávalos quien pretende apoderarse de las tierras.

La presentación del Libro «Nuevas Fronteras Agrícolas. El avance del agronegocio sobre los humedales» fué presentado en la jornada de ayer jueves en tres localidades del Departamento de Ñeembucú. Las presentaciones fueron un espacio propicio para que la población exprese sus preocupaciones y denuncie los impactos que tiene el avance del agronegocio sobre los ecosistemas de la región.

La Federación Nacional Campesina (FNC), principal organización del campesinado, exige una reforma agraria integral que vaya más allá de la entrega de títulos: requiere tierras productivas, acceso a créditos, asistencia técnica, seguros agrícolas y mercados dignos para sus productos . Además demanda el cese de desalojos violentos, el respeto a comunidades indígenas y el reconocimiento jurídico efectivo de los asentamientos.

Un nuevo informe especial analiza la coyuntura nacional desde una perspectiva crítica hacia la “democracia de baja intensidad” que se impuso en Paraguay. El análisis detalla cómo, desde sus territorios y espacios de lucha, los movimientos sociales elaboran propuestas para hacer frente al deterioro democrático y la falta de políticas que atiendan las necesidades de los sectores populares.

La Comunidad de San Miguel, Maracaná, Departamento de Canindeyú, que fuera víctima de un violento desalojo el pasado 3 de junio, denuncia que quienes se apoderaron de las tierras han iniciado un proceso de deforestación masiva en el lugar. Los responsables serían Cesar Abente y Alfonso Noria, ambos ligados al poder político en Canindeyú, incluso Noria estaría por asumir como Senador en los próximos días.

Organizaciones campesinas y sociales del Departamento de Alto Paraná hicieron entrega de notas al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional en la que plantean el uso de fondos de la Itaipú Binacional para pagar la expropiación de tierras por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. Según funcionarios del INDERT varias comunidades campesinas podrían perder sus tierras debido a que el organismo mantiene una deuda de 280 millones de dólares con propietarios de tierras que fueron expropiadas.

Santiago Peña realizó este martes 1 de julio su segunda rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, durante su discurso reafirmó los lineamientos generales de su gobierno, apego a las recetas neoliberales y un discurso conservador y excluyente. En lo relacionado a la situación campesina, destacó la entrega de “títulos” de propiedad a familias campesinas, sin tomar en cuenta que esta acción es limitada y no representa un avance real hacia la reforma agraria.

El pasado sábado se realizó en Santa Rosa del Aguara’y, Departamento de San Pedro, una plenaria de dirigentes campesinos donde se debatió respecto a la propuesta de modificación de la Ley de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) a fin de destinar las tierras incautadas a personas vinculadas al narcotráfico a la Reforma Agraria. Según reportes obtenidos por dirigentes campesinos existirían más de 200.000 hectáreas de tierras en manos de la SENABICO que podrían ser destinadas a pequeños productores y familias campesinas.