Paraguay

Más de 260 jóvenes de Paraguay se han quedado sin tierras por culpa de un caso de acaparamiento. Sin un lugar donde cultivar, no tienen futuro. Pedimos al presidente Horacio Cartes que resuelva este caso y se comprometa con los jóvenes de su país.

La Laguna S.A. justificó la violencia en Y’apo. El fiscal Lorenzo Lezcano advirtió hoy que la empresa actuó sin orden judicial. Acusaron a los nativos de “invasores” y “violentos”. Matones de la empresa atacaron la comunidad con el fin de desalojarlos, según denunciaron los nativos.

"Repudiamos la actitud ilegítima, maliciosa y atentatoria de los derechos humanos de la firma Laguna S.A., quienes el día domingo 15 de junio de 2014, por medio de “guardias privados”, procedieron a ingresar a la citada comunidad indígena, y con armas de fuego dispararon contra los miembros de la comunidad, atentando contra la vida e integridad física de los mismos, dejando más de una decena de heridos, algunos de ellos en estado delicado."

Dos años sin justicia, dos años en los cuales fue quedando claro el afán de la Fiscalía y el Poder Judicial de impedir la verdad y la justicia en este caso. Dos años de preguntarnos ¿Qué pasó en Curuguaty?, convenciéndonos de que el proceso judicial, la investigación fiscal, la acusación, las audiencias preliminares y el envío a juicio oral de las personas acusadas, todas de extracción campesina y en condición de sin tierras, incluyendo a una adolescente, han sido una farsa, una burla, un camino directo a la impunidad.

Un asentamiento de indígenas pertenecientes a la etnia Ava Guaraní en Paraguay, fueron desalojados de manera violenta por guardias de seguridad de una empresa privada. Los 140 nativos de la comunidad resistieron la desocupación del territorio que consideran ancestral.

"El 15 de junio de 2012 tuvo lugar en Marina Kue –distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú– el operativo de allanamiento con características de desalojo que dejó 11 campesinos y 6 policías muertos. A dos años de aquel acontecimiento, 12 campesinos siguen procesados por la Fiscalía bajo los cargos de tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno."

"En la mañana del 10 de junio, fueron violentamente desalojadas unas 100 familias en la localidad María Auxiliadora, distrito de Ava’i, en el departamento Caazapá, donde en su mayoría son pobladores desde hace casi 30 años, en connivencia con la empresa Agropeco, propietaria de las tierras, que en su momento había planteado donarlas al Indert, pero que éste se negó a aceptar. Con todo eso, igual procedieron al desalojo por la presión de sojeros brasileros sin ninguna orden judicial."

Compartimos la 15° edición del Boletín de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas - CONAMURI.