Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

En 1924 fueron asesinados en Chaco entre 400 y 500 indígenas de los Pueblos Moqoit y Qom. Casi un siglo después, se realizó el juicio por esa masacre. La sentencia estableció que se trató de un crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado argentino y lo exhortó a establecer políticas públicas de memoria y reparación para las comunidades afectadas.

Una coordinadora ambiental para poner límite a las fumigaciones con agrotóxicos fue el punto de partida para la Cooperativa de Producción Agroecológica (CoPa), que hace una década cultiva entre loteos de viviendas populares para recuperar la relación entre la tierra, los alimentos y el barrio. "Pensamos a la CoPa como un semillero de otras formas de relacionarnos con el entorno y las personas", sostienen.

Los datos de la filtración incluyen 8 millones de documentos confidenciales y 470 buzones de correos electrónicos de directivos de la minera Fénix. Durante seis meses fueron examinados por 65 periodistas de 20 medios del mundo, de los cuales El País, Prensa Comunitaria y El Faro tienen presencia en Latinoamérica. #MiningSecrets, como se ha llamado a la investigación, estuvo bajo la dirección de Forbidden Stories en Francia, a quienes un equipo de hackers les entregó la filtración.  

La Bancada del Agronegocio, compuesta por parlamentarios de diferentes partidos políticos, promueve una nueva Ley de Criminalización. En este caso, se busca penalizar con 6 años de cárcel a quienes protesten en las rutas del país. Ante este nuevo proyecto, organizaciones campesinas y de derechos humanos repudian la ley a la que califican como liberticida.

El 19 de abril comienza el histórico Juicio por la Verdad sobre la masacre de Napalpí, perpetrada en la provincia de Chaco en 1924.

Ante la ola de violencia en la Amazonía, urge poner en marcha una hoja de ruta para salvaguardar la vida de los defensores y defensoras indígenas. Así coincidieron representantes de pueblos indígenas durante el conversatorio virtual “Sinergias entre el Banco Mundial y el Acuerdo de Escazú”, realizado el pasado 5 de abril. Los líderes también pidieron al Banco Mundial incluir entre sus políticas los derechos considerados en el Acuerdo de Escazú, el primer tratado internacional que busca proteger a los defensores indígenas.

Molleturo es una parroquia rural del cantón Cuenca, ubicada cerca del Páramo de El Cajas, en la provincia del Azuay. Desde hace más de 20 años, este pueblo resiste a la minería y al proyecto Río Blanco. La parroquia demanda la pronta atención del Estado para reparar la principal vía de acceso, el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, pero exige que la intervención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sea pensada en sus derechos y no en beneficio de la minería. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido la militarización.

De enero a diciembre de 2021 se registraron 238 agresiones contra defensores ambientales en México, de las cuales 25 fueron asesinatos, 24 ataques físicos, 65 intimidaciones, 36 hostigamientos y 31 amenazas, reportó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).