Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

“El gobierno mexicano tiene el deber de respetar y garantizar los derechos antes mencionados en las discusiones sobre proyectos como el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, el Tren Maya, así como el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. De lo contrario no sólo afectan la vida de los pueblos, sino que también comprometen la responsabilidad internacional del Estado” destacaron pueblos indígenas y ONG. 

Esta Declaración es una herramienta que permite la exigencia al respeto de los derechos de las campesinas y campesinos, y dependerá de la movilización social y la voluntad política de los estados para su adopción. 

Indígenas y campesinos afectados por megaobras, hidroeléctricas y proyectos petroleros crearon la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas para la Defensa de los Territorios y Áreas Protegidas para hacer frente a la vulneración y avasallamiento de sus tierras. 

Se toma acuerdo que las tierras en recuperación irán de la mano con la reivindicación cultural, espiritual y política propia de nuestro territorio, acorde a la cosmovisión de nuestro pueblo nación mapuche en favor de un buen vivir y el equilibrio de la mapu y su gente, resaltando la importancia del resguardo, cuidado y buen uso de los espacios ceremoniales sagrados y de connotación cultural y el compromiso de reestructurar el kuifi nguillatun y reforzar la identidad cultural de nuestro territorio.

Al cumplirse el plazo que otorgó la Juez cuarta de distrito para desalojar la megagranja porcícola, suspensión otorgada e incumplida reiteradamente desde principios de octubre, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), en una burla, colocó un pequeño sello de clausura y notificó a la empresa que cuenta con 15 días hábiles para desalojar a los cerdos.

El 3 de octubre de 2018 será un día histórico para el reconocimiento de los campesinos y campesinas del mundo. Ese día el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra adoptó por unanimidad la “Declaración sobre los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales”.

La población del municipio de San Lorenzo, departamento colombiano de Nariño se manifestó en contra de la exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos en la reciente una Consulta Popular Legítima realizada el 25 de noviembre.

Durante los días 15, 16 y 17 de noviembre, se dieron cita en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, organizaciones de más de 12 países, que conforman el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), para participar del V Encuentro del M4 que llevaba como temática la “Manipulación de la consulta y consentimiento a favor del extractivismo”