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Los fenómenos climáticos y las tensiones económicas aumentan la precariedad alimentaria de millones de personas en la región, alerta el nuevo informe de la agencia alimentaria de la ONU, que para 2026 estima en más de 318 millones a los hambrientos a nivel mundial, una cifra que más que duplica la de 2019. Muy corto de recursos, el organismo asistirá a 110 millones de personas el año próximo.

Lea el discurso pronunciado por Samah Abunina, de La Vía Campesina, durante la Asamblea de Mujeres del 3er Foro Global Nyéléni.

La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA) lanzó la nueva edición de la revista Nuestras Voces, un número dedicado al análisis del trabajo en empresas de plataformas digitales, uno de los fenómenos laborales más dinámicos, y a la vez más precarizados del continente. Esta edición reúne testimonios, datos, investigaciones y voces sindicales sobre los desafíos, los riesgos y las oportunidades que enfrenta la juventud trabajadora en el marco de una economía mediada por grandes empresas, algoritmos, inteligencia artificial y formas emergentes de organización.

El botánico italiano que mostró que las plantas sienten y tienen inteligencia insiste en que “hace un siglo que debería ser el momento de los bosques. Necesitamos plantar un billón de árboles”.

En Colonia Aborigen, un pueblo del norte argentino donde hace 101 años se cometió la masacre de Napalpí, los acuerdos de reparación siguen sin implementarse a pesar de la sentencia de 2022. Sus habitantes, descendientes de los indígenas Qom y Mocoit, no se sienten reparados.

El 16 de noviembre de 2025, mientras la población ecuatoriana estaba concentrada en la consulta popular y el referéndum, en Guayaquil se emitía el Reglamento de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. Siguiendo la línea de la ley, el reglamento avala la presencia policial/militar en dichas áreas, fortalece su privatización (indirecta), convierte a las comunidades dueñas de esos territorios en prestadoras temporales de servicios a las empresas y profundiza el extractivismo en estas áreas.

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), expresa la más firme e incondicional solidaridad con el hermano pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ante el reciente y provocador despliegue militar del gobierno de los Estados Unidos en aguas del Mar Caribe, los asociados, cuadros y trabajadores de la ANAP, elevamos nuestra voz de protesta y exigencia. Esta acción belicista constituye una flagrante violación del Derecho Internacional, de la soberanía de las naciones en la región y una amenaza directa a la paz y la estabilidad de toda la Patria grande.

El 13 de noviembre de 2025, exactamente dos décadas después del histórico rechazo al ALCA en Mar del Plata, la Casa Blanca anunció acuerdos comerciales con cuatro países latinoamericanos: Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador. La coincidencia temporal no es casual. Representa un renovado intento estadounidense por reconfigurar las relaciones comerciales hemisféricas bajo condiciones aún más asimétricas que las rechazadas en 2005.

El No contundente, que respondió el pueblo del Ecuador este 16 de noviembre, dice mucho más de lo que el gobierno y los sectores de la política institucional pueden escuchar.

En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México.

En el marco de la COP30 sobre cambio climático que se está realizando en Belém, en la Amazonía brasilera, el gobierno de Brasil anunció como un logro el lanzamiento del Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés). Se sumaron decenas de gobiernos, entre ellos México. Bajo ese nombre tan rimbombante hay una iniciativa para monetizar las funciones vitales de los bosques y crear un fondo que vende bonos a inversores privados, a partir de lo cual, una parte de las ganancias generadas se usarían para la conservación de bosques. 

Una investigadora, una fiscal y una trabajadora sexual coinciden en que las muertes de mujeres en los barrios populares no pueden explicarse sólo por el “narcotráfico”. Se trata de femicidios atravesados por la pobreza, la represión policial y la falta de políticas estatales que reconozcan la precariedad como forma de violencia. A dos meses del triple femicidio en Florencio Varela, Sonia Tessa indaga sobre el contexto en que se dan estos crímenes y los antecedentes en Rosario.