Europa

¿Somos una sociedad cuidadora? Escribimos este editorial el primer día oficial de confinamiento por el estado de alarma decretado a causa de la epidemia de COVID-19 en el Estado español. Una situación excepcional como esta desvela en gran medida nuestra naturaleza. ¿Qué vemos a nuestro alrededor? ¿Nos preocupa el bien común? ¿Es ahora un buen momento para reflexionar sobre su significado?

El 2 de diciembre de 2019, el gobierno danés terminó la construcción de un muro de 72 kilómetros, a lo largo de toda su frontera con Alemania. La muralla, de metro y medio de alto, construida con un costo de 11 millones de euros, tiene por objetivo proteger Dinamarca del temido virus de la peste porcina africana (PPA) al impedir que jabalíes de monte infectados introduzcan la enfermedad al país.

Más de 150 organizaciones de todo el estado exigen al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la toma de medidas en consideración de los impactos de la crisis del COVID-19 en la producción agroalimentaria de pequeña escala y el ámbito agroecológico.

Como Plataforma Chile Mejor sin TLC, hacemos un llamado al Consejo de Estados Miembros de la Unión Europea; a su órgano ejecutivo, la Comisión,  y al Parlamento Europeo que representa a los ciudadanos y ciudadanas, a hacer valer el respeto a los DDHH y detener inmediatamente la negociación de la modernización del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile en vigor desde 2003, solicitada en La Moneda el pasado 4 de marzo por el Presidente Piñera a los embajadores de la UE en Chile.

El pasado 13 febrero el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado un nuevo Real Decreto para regular el sector porcino español. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF, junto con Food & Water Action y la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, denuncian la falta de participación de las organizaciones ecologistas y de la población afectada por la expansión de la ganadería industrial de porcino. Lamentan, además, la oportunidad perdida que supone este decreto para limitar y reordenar un sector que crece de manera exponencial.

"La transición ecológica como consenso de grandes élites y poderes económicos se presenta como el plan de distracción ante un creciente malestar popular con el sistema así como ante la creciente demanda de acciones adecuadas, efectivas e inmediatas para hacer frente a la crisis climática. Se presupuestan unos pocos millones públicos para servir como colchón que amortigüe el riesgo de las inversiones de las grandes empresas privadas, que ejecutan los proyectos con el único objetivo de engrosar sus beneficios. La transición ecológica no coincide con los intereses de los grandes poderes económicos, y por lo tanto no puede ser de consenso".

El trabajo del comisario europeo Paolo Gentiloni consiste en crear leyes fiscales justas. Si es así, ¿cómo es posible que posea acciones por valor de 100.000 euros en multinacionales como Amazon, que eluden el pago de impuestos?

La federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional (ATI) reafirma su preocupación ante la falta de ambición del nuevo marco que se negocia en Naciones Unidas y que sentará las bases para la protección de la biodiversidad en el planeta en el período 2020-2030.