Guatemala

Progreso VII Derivada (también conocida como El Tambor) es parte de una serie de planes por explotar varias regiones en municipios que se sitúan al nororiente del departamento central de Guatemala. El proyecto minero se halla entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, cuya entrada se encuentra en un área que entre los vecinos se conoce como La Puya.

La empresa española, Hidralia Energía, está detrás de la criminalización de la población guatemalteca que defiende sus tierras y sustento de la construcción de una mega-represa que atenta contra los derechos humanos y ambientales.

Durante el pasado mes de marzo se realizó en Guatemala una gira de presentaciones del informe de investigación “La hidroeléctrica Xalalá en territorio indígena maya q’eqchi’ de Guatemala. ¿Qué pasará con nuestra tierra y agua sagradas? Un análisis antropológico-jurídico de los derechos humanos amenazados”.

Organizaciones de la sociedad civil latinoamericana le solicitaron al presidente de Guatemala no oponerse a enlistar al Paraquat y sus formulaciones en la categoría de extremadamente peligrosa.

La sonrisa de Lolita la atraviesa de arriba abajo y de izquierda a derecha, por todas sus hechuras, y cuando pasa sobre su huipil maya, los vivos colores de la prenda toman más fuerza si cabe. Porque aunque su relato de vida viene cargado de situaciones muy graves y complicadas [mientras redactamos esta entrevista, nos informan que el gobierno de Guatemala ha retirado la protección que Lolita disponía después de haber recibido varías amenazas de muerte por su labor de defensora de los derechos sociales] ese rasgo fisiológico es un anuncio de su personalidad.

El uso de la estructura estatal para la defensa de los intereses del capital extractivo profundiza la conflictividad y la pobreza. ¿Qué impacto tienen las industrias extractivas en la gestión ambiental de Guatemala? ¿Cómo incide su actividad en la recaudación fiscal, en los niveles de conflictividad social, en el debilitamiento institucional, la impunidad y la corrupción?

La política de criminalización de líderes y organizaciones sociales que lleva adelante el gobierno guatemalteco bajo la administración del militar retirado Otto Pérez Molina continúa recrudeciendo: este martes fueron detenidos en la ciudad de Guatemala dos referentes del gobierno plurinacional Akateko, Chuj, Popti, Q’anjob’al y mestizo en Guatemala que abarca dieciséis municipios del nor-occidente de ese país.

Comunidades indígenas y campesinas se oponen a la Política Nacional de Bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados. ¡Por la defensa del territorio y la soberanía alimentaria de los pueblos!