Honduras

Desde el Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar (CEPROSAF) con el apoyo del Fondo de Acción Urgente para América Latina y El Caribe FAU- AL se llevó a cabo un proceso de investigación social participativa con el objetivo de gestionar conocimientos sobre la situación de las mujeres defensoras en el Bajo Aguán y en el departamento de Atlántida, Honduras para fortalecer las capacidades en defensa de sus derechos e incidencia política.

"COPINH ratifica su lucha permanente por la expulsión definitiva del proyecto “Agua Zarca” y en denuncia a la empresa criminal DESA que carga en sus hombros la sangre de nuestras compañeras y compañeros asesinados".

"Este año el Congreso tiene como tema central la participación ciudadana y la consulta previa, libre e informada. Panorama que causa temor en la ciudadanía que se resiste a los proyectos mineros, porque presienten que el gobierno busca legalizar una consulta previa y participación ciudadana a la medida de las empresas y en contra de las comunidades".

“Si se instala la compañía minera, empresa “Emilio S.A. de C.V.”, estaríamos condenados a ser desplazados de nuestras propias comunidades. En pocas palabras con la apertura y explotación se pondrá en riesgo nuestra subsistencia, así como los recursos ambientales de la zona, que es un área natural de más de 12,800 manzanas, protegidas por un título ancestral”, manifestó Narciso Garay, ex presidente del Consejo de la tribu Las Vegas de Tepemechín, Victoria, Yoro.

Un documento obtenido por Avispa Midia permite ir un poco más adelante en el entendimiento sobre las reales intenciones de la OIT en cuanto a la Consulta Libre, Previa e Informada, a partir de un caso concreto, la construcción del proyecto de Ley de Consulta Libre, Previa e Informada de Honduras.

El COPINH saluda con entusiasmo la carta de 50 parlamentarios y parlamentarias del Parlamento Europeo, máximo ente legislador de la Unión Europea, dirigida al gobierno de facto de JOH e instituciones hondureñas de gobierno para que “se revoquen la concesión, contratos, licencias y otros beneficios otorgados al Proyecto Agua Zarca por la violación al deber de consulta previa, libre e informada” en línea con las recomendaciones del informe del grupo GAIPE.

Los ocho son acusados por el Ministerio Público del asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.

"El pueblo Garífuna, una vez más señala que los intereses particulares de ciertos políticos asociados con el actual régimen, además de violar los derechos humanos y territoriales de nuestro pueblo; desfiguran y trastocan la esencia de la consulta para la obtención del consentimiento lo que pone en riesgo nuestra sobrevivencia como pueblo".