Honduras

El Estado hondureño se transformó en un adversario para la familia y para quienes llevan el caso de la defensora de los derechos medioambientales Berta Cáceres, asesinada en 2016, negándoles la información necesaria y ocultándoles las líneas de investigación, dijo a Sputnik su hija, la activista Berta Zúñiga.

La hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016, denunció este lunes en Guatemala una serie de obstáculos previo al inicio en septiembre del juicio por el crimen en contra de ocho imputados.

Por no ser consensuada debidamente con los pueblos indígenas en Honduras y responder a otros intereses el anteproyecto de Ley para la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) fue rechazada durante la asamblea realizada este jueves 16 por el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH).

Detrás de las luchas territoriales en Honduras existen centenares de historias que son protagonizadas por mujeres indígenas y campesinas. Son rostros coincidentes en la defensa territorial, en la persecución de que son objeto y en las acusaciones que existen en su contra, contenidas en expedientes guardados en el Ministerio Público.

"Podemos indicar que el estado de Honduras pretende realizar un secuestro ideológico de la consulta previa, convirtiéndola en un mero tramite administrativo, en el cual a los pueblos indígenas se le deniega su libre determinación. Como resultado de dicha tergiversación de la consulta, el Estado y empresarios podrán determinar el futuro de nuestros territorios".

"La decisión tomada por la ENEE, el ministerio de MIAMBIENTE y la municipalidad de la Ceiba en cuanto al lugar escogido, demuestra que en Honduras no existe un ordenamiento territorial, al mismo tiempo que tampoco se respeta el derecho a la consulta previa que poseemos los pueblos indígenas, y mucho menos las áreas protegidas".

A medida que se acerca la fecha de inicio del juicio se multiplican los intentos de minar la credibilidad de testigos e investigaciones independientes. Defender la tierra y los bienes comunes sigue siendo una actividad sumamente peligrosa.

"Desde el día del asesinato, el Ministerio Público y el Estado de Honduras nos han negado sistemáticamente el acceso a la verdad, el acceso a la información básica sobre lo sucedido. Le han negado al pueblo Lenca y al pueblo hondureño en general la verdad sobre lo ocurrido con la compañera Berta Cáceres, esto a pesar de las intermediaciones de la CIDH, las misivas de organismos de Naciones Unidas o del Parlamento Europeo".