México

Los pueblos mayas de San Fernando, Kinchil y Celestún, en Yucatán, realizaron este domingo la fase consultiva sobre la operación de las megagranjas porcícolas en sus territorios, en un ejercicio al que se autoconvocaron “ante la ausencia de un proceso de consulta indígena por parte del Estado” y de las empresas involucradas.

"Es urgente la prevención integral de la violencia que se registra contra las personas y comunidades indígenas en el estado de Chiapas, especialmente en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Pantelhó".

"Hay que entrarle, no viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas. Hay que convertir la consulta en una consulta “extemporánea”. Esto con el fin de que así arranque, independiente de los de arriba, una movilización por una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas, o como quiera que se llame. Porque no puede haber vida sin verdad y justicia".

La Casa del maíz Tlajomulco, la Comunidad Creativa Entreflores, el Colectivo Agroecológico Teocintle y el Huerto Comunitario Tlacuache Huentitán trabajan por la preservación de recursos y saberes locales.

Alegría, respeto, espiritualidad y compromiso social se conjugan en el canto del Aj Men para invocar a los Yumtsilo’ob en el altar. Con un lenguaje íntimo los nombra para estar presentes en ese encuentro por la vida.

El Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca llamó a los pueblos indígenas y comunidades campesinas a seguir sembrando sus semillas nativas y criollas, porque los gobiernos y las empresas pretenden expropiarlas para ponerlas a disposición del agronegocio mundial.

“Conforme avanza el tiempo detectamos una actitud aún más intimidatoria y de presión por parte de las autoridades encargadas del Tren Maya, quienes pretenden obligarnos a aceptar la pérdida de nuestros barrios y decir que se trató de un acuerdo consensuado y pacífico”, denunciaron habitantes de la comunidad de Candelaria y de San Francisco, en Campeche.

En lo que va de 2021 por lo menos tres defensores del agua han sido asesinados en el país, igual número de casos que en todo el año anterior. Los crímenes han sido dirigidos hacia activistas que luchaban contra el despojo provocado por pozos de agua de empresas trasnacionales, proyectos hidroeléctricos y construcciones que arrebatan el líquido vital a sus comunidades.