Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Afirmamos que la ofensiva militarista y la criminalización no es el camino para responder a las legítimas demandas de los pueblos en defensa de sus derechos, amparados en la Constitución nacional del Ecuador. Nos solidarizamos con el pueblo shuar del Ecuador, así como con Acción Ecológica y con todas las organizaciones y movimientos del Ecuador que acompañan esta lucha."

"Acción Ecológica es parte de una vasta Red de organizaciones que en toda América Latina defienden el Buen Vivir y un nuevo modelo de convivencia con la naturaleza y entre las personas que destierre el extractivismo como camino para la construcción de una nueva sociedad. Le solicitamos la anulación de todas las medidas que se han tomado impulsando la disolución de Acción Ecológica y que se recapacite sobre lo actuado, promoviendo una cultura de la libertad de expresión propia de un gobierno democrático."

"Hacemos un llamado a las organizaciones, procesos y movimientos sociales de Colombia y el mundo, a acompañar a Jakeline Romero Epiayú, a la organización Fuerza de Mujeres Wayuu como a todas las organizaciones sociales colombianas a las cuales les están siendo vulnerados sus derechos individuales y colectivos para impedir sus labores en defensa de la vida y el territorio."

El gobierno del Presidente Correa en Ecuador está determinado a imponer la megaminería en muchos lugares del territorio ecuatoriano, especialmente en la Cordillera del Cóndor donde habita el pueblo Shuar. Por la solidaridad desplegada desde la organización Acción Ecológica, el gobierno ha procedido a dictar su disolución. Como dice Alberto Acosta, “es hora de la solidaridad con los pueblos indígenas y con las personas defensoras de la vida”.

Acción Ecológica denuncia la solicitud de procedimiento administrativo de cierre (extinción y disolución) de nuestra organización solicitada por Diego Torres Saldaña, Vice-Ministro de Seguridad Interna, al Ministro del Ambiente, por desviarnos de los fines y objetivos para los cuales fuimos constituidas.

En este video el Servicio de Paz y Justicia de Paraguay detalla los varios vicios en el proceso del caso Curuguaty.

"Las organizaciones internacionales de solidaridad y de la justicia ambiental suscritas en esta carta nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación por la militarización del pueblo Shuar Nankints y el Estado de Excepción dictado en la provincia de Morona Santiago, con la intención de imponer el proyecto minero Panantza-San Carlos en la zona."

"Hoy, la pelea del pueblo de Jachal continúa y ayer mismo, la gendarmería y la policía de San Juan, no tuvo sutilezas para emprender con gran violencia contra un puñado de jóvenes que protestaban en la ruta que va a la mina. La Barrick primero con los Kirchner, y ahora con Macri sigue teniendo un poder omnímodo y cuenta con el apoyo de uniformados de todo tipo."