Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Doze lideranças do povo Paiter Suruí, da Terra Indígena (TI) Sete de Setembro, localizada no estado de Rondônia, afirmaram ao presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Flávio Chiarelli, em uma reunião realizada na manhã de ontem (24), que desejam que o projeto de Carbono Florestal Suruí seja suspenso.

Reverberando o movimento indígena, os Kayapó, em audiência com o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), disseram que caso os parlamentares insistissem na aprovação da PEC 2015, semanalmente povos de todo o Brasil se fariam presentes em Brasília para protestar e dizer não ao projeto.

Con alegría e ilusión, los/las personas defensoras de la “Naturaleza de Coronado, celebran que la Secretaria Técnica Ambiental (SETENA) rechazó el estudio de impacto ambiental para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Blanco propuesto por la empresa PROENERGIA S.A.

La Coordinadora Indígena Del Poder Popular de Honduras CInPH, emite el siguiente comunicado Urgente.

Como parte de su estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía, el gobierno de Bolivia aprueba una nueva ley que regula la alimentación complementaria escolar y fomenta la economía social por medio de compra de alimentos de proveedores locales.

El pasado 16 de febrero se cumplieron 19 años de la firma de los acuerdos de San Andrés en 1996, en el marco del diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, suspendido por los zapatistas siete meses después sin que el gobierno de Ernesto Zedillo hiciera nada por rencauzarlo. Más bien provocó la crisis con el incumplimiento a los acuerdos y el virtual sabotaje a la mesa sobre democracia y justicia.

¿Cómo frenar la debacle ambiental global? ¿Es posible superar la pobreza sin aplastar la diversidad ecológica y cultural? ¿Se trata de fortalecer resistencias o de hacer una revolución?¿Es el Buen Vivir el paradigma libertario que nos permitirá construir las alternativas?

Como pocas veces lo hace, la Corte Constitucional instó al Gobierno nacional para que tome medidas frente a la situación que viven las comunidades indígenas asentadas en ciudades.La sentencia agrega que dichas comunidades deben tener una especial protección del Estado. La Corte ordena que, en el término de diez días a partir de la notificación de la sentencia, “se inicie el estudio etnológico de dicha comunidad, como es su obligación y de acuerdo con sus funciones”.