Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Ante la falta de acción del Estado por solucionar la contaminación de metales tóxicos en la cuenca del río Coata, pobladores de Puno iniciaron una protesta indefinida. La población se ve afectada en su salud, ya que el agua para consumo humano tiene metales tóxicos causada por actividades mineras.

"En su ser comunitario tradicional, el pueblo ecuatoriano va buscando mantener el nudo de sus saberes y certezas cuando el vendaval cambiante quiere borrarlo todo, y afanoso intentará siempre transformar la realidad que, recalcitrante, quiera hacerse inamovible, impermeable, muda, sorda y ciega. Y surge entonces lo más a flor de piel, su experiencia reciente en los levantamientos populares de octubre, y la saga de la gente que estuvo ahí para cuidar a la gente, para curarla y salvarla (y que curiosamente es la misma que hoy se la juega atendiendo a las victimas de una pandemia integral como ésta)".

La ley 29811 que fijaba una moratoria de 10 años señala que se debía “desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente de Organismos vivos modificados (OVM), comúnmente conocidos como transgénicos”. El pasado martes 20 de Octubre, el pleno del congreso aprobó con 104 votos ampliar la moratoria al ingreso y producción de los OVM hasta diciembre del 2035 (Guerra, R., 2020). Pero ¿entendimos los peruanos de a pie qué causaría el ingreso de la semilla transgénica al territorio peruano? Las posiciones son bastante encontradas a favor y en contra de su entrada. Intentaremos responder a las múltiples preguntas que devienen del uso de transgénicos, de forma razonada, documentada, con opiniones consistentes de respetados expertos, dando luces a los lectores de nuestra posición en contra de la entrada de los productos transgénicos al Perú. 

Comunidades indígenas de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, denunciaron la presencia en esta región de grupos armados irregulares procedentes desde Colombia y que se encuentran realizando minería de forma ilegal.

Colombia sigue afrontando las consecuencias de la pandemia en medio de una crisis política sin precedentes. El gobierno nacional avanza en sus políticas que vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía, vulnerando el bienestar y la vida misma de las comunidades rurales y populares del país. En lo corrido del año se ha profundizado la violencia por el control de territorios estratégicos, registrándose más de 61 masacres en Colombia, que en su mayoría siguen en la impunidad.

La sexta ronda de negociaciones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta de las Naciones Unidas (OEIGWG), cuyo mandato es elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre «las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en lo que respecta a los derechos humanos» [1], tuvo lugar en Ginebra del 26 al 30 de octubre de 2020.

Está en marcha el plan de rehabilitación del proyecto de exploración minera Río Blanco, de capital chino y ubicado en comunidades campesinas de Piura. Este pretende ser impuesto por el Gobierno, a pesar de que no cuenta con licencia social y es rechazado por la población. A raíz de esto, se advierte un inminente conflicto social.

A través de operadores, la empresa Deselec 1-Comexhidro ha presionado a las autoridades municipales de Ahuacatlán, Puebla, para que desistan su revocación de las licencias de construcción y cambio de uso de suelo para la hidroeléctrica Puebla 1, que generaría electricidad para Walmart.