Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

El entrecomillado fue el título de una conferencia de prensa online que se realizó este martes y que reclamó que los Estados entiendan, de forma urgente, que hay que poner fin a la impunidad de las empresas transnacionales.

En medio de las múltiples encrucijadas que estamos afrontando como sociedad, y como especie, amplificadas ahora por la pandemia, el debate sobre los ecosistemas de humedales entró en la agenda pública de nuestro país, y los representantes del pueblo están tratando por tercera vez una ley que los defina y regule. En este escenario proponemos dos ejes de debate sobre los humedales que rescatan la mirada desde la justicia social y ambiental.

La falta de garantías al ejercicio de los derechos a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado, ha llevado a los pueblos indígenas a establecer protocolos autonómicos.

"La invitación es a reactivar los sentidos de interdependencia con el sistema vida al cual pertenecemos y del cual dependemos, a apropiarnos de los mitos que hicieron movilizar a 7.000 personas de forma colectiva por más de 450 kilómetros para exigir los derechos de todos, a cuestionar nuestras premisas. Conectémonos con algo más grande que el bienestar individual, a dimensionar la frase de Francia Márquez “el territorio es vida y la vida no se vende, se ama y se defiende” en la cual no existe la ruptura entre seres humanos y naturaleza, y mucho menos se establece una distancia entre nosotros y ellos".

En el proceso hacia la construcción y ratificación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante, sobre transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, el Estado ecuatoriano ha desempeñado un papel protagónico; sin embargo, está en deuda con el país, la comunidad internacional y con el planeta. Desde los años 70 los pueblos, las comunidades, los sindicatos, las organizaciones y los movimientos sociales han denunciado las violaciones a los derechos humanos y abusos de poder por parte de las grandes empresas en los territorios.

El presidente de Colombia, Iván Duque, no se presentó ante el llamado de los pueblos indígenas en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Por su ausencia y por “minimizar la violencia en los territorios colombianos”, la Minga del suroccidente procedió hacerle un juicio político el lunes 19 de octubre. De manera simbólica, quedó vacía una silla con un letrero que llevó el nombre del mandatario.

Mabel Ávila dice que en los últimos años el avance de las plantaciones de palma africana ha implicado la destrucción de bosques, humedales y la contaminación de las fuentes de agua por el uso de agroquímicos. También  la pérdida de la soberanía alimentaria de su pueblo. “Un poco más de 38 comunidades están invadidas por palma africana. Algunas como Miami, Barra Vieja y Cuero y Salado en Atlántida han desaparecido y mi comunidad (Nueva Armenia) lleva la misma ruta”, asegura.

En sólo dos barrios de Exaltación de la Cruz, a 75 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se encontraron 50 casos de cáncer. De un año a otro, 31 de las personas enfermas fallecieron. En todos los casos, las fumigaciones sobre el monocultivo de la soja que uniforma el paisaje aparecen como causantes de las dolencias que incluyen también otras enfermedades que afectan de manera diferencial a las mujeres. Los datos no son oficiales porque son las vecinas quienes los toman yendo de casa en casa. Son ellas las que investigan,  las que litigan frente a la Justicia para que al menos se ponga distancia entre el veneno que mata todo lo que no es soja y la población. Una experiencia que se replica en el país donde el uso de agrotóxicos se extiende. Y la resistencia también.