Megaproyectos

Por falta de certeza en la Manifestación de Impacto Ambiental, realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el tramo tres del proyecto “tren maya”, la Juez Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán concedió tres suspensiones definitivas.

El Comité Ejidal de las Aguas de Xochistlahuaca y defensores amuzgos de Guerrero denunciaron la imposición de un proyecto hidroeléctrico diseñado “en el escritorio de académicos, sin considerar las necesidades del pueblo amuzgo”, y por el que no fueron consultados de manera previa, libre e informada.

Los posibles impactos que ocasionaría el proyecto de la Hidrovía Amazónica en la selva peruana han activado alertas ambientales y sociales. A pesar de las críticas de distintos expertos y del rechazo de comunidades indígenas de la zona de influencia del megaproyecto, este aún sigue en marcha.

El debate quedó en suspenso gracias a la movilización social. El gobernador Arcioni adelantó que se tratará durante las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Sin embargo, muchos dudan que se discuta el tema durante un año electoral.

El Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán otorgó una suspensión definitiva a las obras del Tren Maya en Mérida, Izamal y Chocholá, en lo que se resuelve el juicio de amparo interpuesto por las comunidades mayas ante la falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), realizada en junio de 2020.

A pesar de que la empresa Cohidro incumplió sus obligaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha decidido aun concluir el contrato de concesión del megaproyecto Hidrovía Amazónica que además de carecer de un estudio de impacto ambiental EIA aprobado representa una gran amenaza para los ríos y la vida de más de 400 comunidades. Por esto las organizaciones Feconau y Orau –con la asesoría técnica del Instituto de Defensa Legal (IDL)– presentaron una acción de amparo para solicitar la cancelación de este lesivo proyecto.

Más de 60 asociaciones ambientalistas y de derechos humanos, Amigos de la Tierra Internacional, el Movimiento Mundial por los Bosques, el Movimiento Cultural Internacional Our Voice y decenas de organizaciones uruguayas entre ellas, adhirieron a la demanda de cuatro organizaciones sociales finlandesas para que las Naciones Unidas (ONU) verifique si las actividades de la multinacional UPM en Uruguay están respetando los derechos humanos económicos, culturales y sociales de la población.

Organizaciones ambientalistas y de Derechos Humanos presentaron una denuncia formal contra las empresas ESB (Electricity Supply Board) de Irlanda, CMC (Coal Marketing Company) de Dublín, Irlanda y contra las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón que opera en la Guajira: BHP, Angloamerican y Glencore.