Minería

Las transnacionales mineras gozan de subsidios nacionales, estabilidad jurídica por 30 años, incentivos fiscales provinciales y municipales, pagan mínimas retenciones para llevarse al exterior valiosos minerales mediante una simple declaración jurada y sin control estatal, y pueden dejar en el exterior el 100% de las divisas que perciben por sus exportaciones.

Hoy se exhuman los restos del joven Juan Francisco Duran Ayala, asesinado vilmente por oponerse a la minería metálica a gran escala en su comunidad, su región, su país.

La minería en el Perú es un sector privilegiado. En la década de los noventa, la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000) impuso una Constitución que arrasó con los derechos económicos, sociales, laborales y ambientales en general, y en particular con los derechos colectivos de los pueblos indígenas (territorio, autodeterminación, consulta y consentimiento previo, libre e informado).

"Se puede afirmar sin temor a equivocarse, que vivimos la exacerbación de una actividad extractiva que ha demostrado su inviabilidad en diferentes partes del planeta, incluido nuestro país, por los conflictos ambientales y sociales que genera su aplicación."

Desde septiembre del último año, una asamblea de vecinos autoconvocados rechaza en la localidad Gan Gan, departamento Telsen, Chubut, el avance del proyecto Navidad, de aprovechamiento de plata, y cualquier forma de extracción de los recursos que convierta a la meseta centro-norte de la provincia en una "zona de sacrificio".

El 5 de junio de cada año se conmemora el DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE, una importante fecha para recordar la lucha que las comunidades han venido haciendo por el derecho a vivir en un ambiente sano libre de contaminación en Ecuador.

A lo largo de 15 años el FAO ha sostenido una lucha que aglutina la defensa del patrimonio cultural e histórico, el medio ambiente, la tierra y su propiedad colectiva.

La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.