Petróleo

Entrevista a Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, dice que el estudio de la Universidad de Padua sobre el bloque 31 brinda al Estado una oportunidad para corregir errores. Un primer paso: ‘suspender las operaciones’.

Nada mejor escogió el gobierno de Peña Nieto para celebrar el centenario de la toma de Zacatecas que precipitar la aprobación de las leyes secundarias en materia energética. Seguramente le gustan los contrastes: conmemora el centenario del triunfo de las expresiones más populares y agrarias de la Revolución, como fueron las de Villa y Zapata, precarizando –si no es que prácticamente anulando– el derecho de los campesinos, las comunidades indias y los pequeños agricultores a la tierra.

A pocos días después de que el Ministerio de Ambiente otorgara la licencia ambiental para la explotación de los campos Tiputini y Tambococha, dentro del Parque Nacional Yasuni, un nuevo derrame de alrededor de 250 barriles de combustible se registró el martes 10 de junio frente a las costas de Esmeraldas.

En el número anterior de La Vanguardia escribimos acerca de la peligrosa construcción de un relato mistificador sobre el fracking por parte del gobierno nacional, a través de YPF, y de los involucrados provinciales (sobre todo el gobierno neuquino). Hicimos hincapié en la intensa estrategia comunicacional, que busca transformar la “necesidad” en ”virtud”, rechazando de plano cualquier crítica o restando carácter controversial a la metodología de la fractura hidráulica.

El corrimiento de la frontera petrolera aceleró sus pasos con la estatización parcial de YPF. Planificado por la gestión del director ejecutivo, Miguel Galuccio; apoyado por el Gobierno, observado por las empresas internacionales y publicitado por los medios de comunicación, el avance extractivo tiene luz verde. La formación Vaca Muerta (en Neuquén) recoge la mayor parte de las miradas, pero el ambicioso plan es aumentar la explotación en las provincias con tradición petrolera y explorar en las que aún no se extrae.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (AHN) tiene dividido el territorio colombiano a través de bloques (porción de terreno, área del subsuelo, que el gobierno colombiano sede a través de contrato a una empresa petrolera) y son entregados a las empresas nacionales, como Ecopetrol, pero sobre todo a las empresas transnacionales.

Una publicación muy necesaria acaba de aparecer. Se trata de “Engañar es un arte que domina la Pluspetrol: ¿Cómo transformar un gran contaminador en una empresa ecológicamente sostenible y socialmente responsable?“.

"No creemos que sea posible una evolución transformadora de las realidades locales desde los tradicionales esquemas de intervención planificada para el desarrollo. Del mismo modo, consideramos que las iniciativas que no tienen en cuenta las relaciones de poder internas y generalizadas dentro de las comunidades están condenadas a reproducir los patrones de desigualdad."