Honduras

Tras suspender a lo largo de un año y medio las sucesivas audiencias preliminares fijadas para evaluar la apertura del juicio contra David Castillo, la Justicia hondureña anunció el 26 de agosto que se realice un juicio oral y público contra este hombre, oficial militar de inteligencia, entrenado en West Point, conocido también como empresario emprendedor vinculado a la familia Atala Zablah -grupo empresario que integra el directorio del proyecto extractivista hidroeléctrico en Río Blanco, proyecto que enfrentaba la ambientalista hondureña Berta Cáceres-.

David Castillo, era gerente general de la empresa DESA, empleado de la familia Atala Zablah, al momento del crimen de la defensora lenca Berta Cáceres. Castillo es el único acusado formalmente como autor intelectual del femicidio político de la coordinadora del COPINH, aunque la familia Cáceres ha presentado pruebas que señalan también a integrantes de la familia Atala Zablah en la autoría intelectual.

La pandemia en Honduras sigue golpeando duro. Más de 5.500 casos y unos 230 fallecidos. Siendo uno de los países con mayor índice de desigualdad y pobreza (67 por ciento) en Latinoamérica, es inevitable que la pandemia se haya ensañado en especial contra los sectores más vulnerables de la sociedad.

La aparición del cadáver de Edwin Noel Flores Sacaza, Garífuna que se desempeñaba como guardia de seguridad en la planta termoeléctrica de la Ensenada, y la ausencia de una versión oficial sobre este hecho así como el silencio al que se han llamado los medios de comunicación, ha despertado un sinfín de cuestionamiento, por parte de los habitantes de Sambo Creek, comunidad de dónde Edwin era originario.

"Berta río riega los sueños de las comunidades y de los territorios donde se defiende la vida, Berta compañera anima las resistencias del pueblo hondureño, que apretando los dientes sigue levantándose frente a un nuevo golpe de estado, que profundiza y extiende la guerra de conquista".

En respuesta al aumento de la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19, una gran variedad de organizaciones de la sociedad civil exhortaron hoy a los gobiernos de Honduras y Colombia a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de los defensores, líderes sociales y comunidades étnicas en esos países.

La desvinculación del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) del proyecto de muerte Agua Zarca implica una victoria del Pueblo Lenca, del COPINH y de Berta Cáceres y una aceptación de responsabilidad del BCIE en la violencia ocurrida. Tal como lo exigía el COPINH. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y en su momento el Banco Mundial.

"En Honduras, la pandemia ha desnudado la precariedad del sistema de salud pública, como consecuencia de la privatización de los servicios de salud más esenciales, convirtiéndose en un botín para empresarios, financieros, políticos, militares y religiosos afines al Dictador de turno. Las medidas tomadas para enfrentar la crisis, tales como el aislamiento social, toque de queda, con el fin de limitar la expansión del agente infeccioso, generan situaciones de hambre, desempleo, inmovilización social y reacciones de rebeldía e impotencia, por parte de un alto porcentaje de la población hondureña, especialmente de los grupos más vulnerables y empobrecidos".