Honduras

Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 las comunidades campesinas que conforman las cooperativas agropecuarias El Chile, Tranvío y Camarones, situadas en Quebradas de Arena, municipio de Tocoa, departamento de Colón, fueron objeto de amenazas y ataques de la banda criminal “Los Cachos” provocando el desplazamiento forzado de 478 familias campesinas del Bajo Aguán. 

El Estado hondureño enfrenta una demanda millonaria en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que podría comprometer seriamente las finanzas públicas y la estabilidad del país. La eliminación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) ha desatado un conflicto legal con inversionistas que reclaman miles de millones de dólares en compensación.

A un mes de cumplir un año de su asesinato, el pasado 14 de agosto estaba prevista la realización de la audiencia preliminar por el  caso del defensor del territorio Juan López, religioso y líder social quien participó en diversas luchas por la recuperación de las tierras campesinas en el Bajo Aguán, norte de Honduras, así como por la defensa de la montaña Botaderos y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la industria minera.

Autoridades ancestrales del pueblo maya Ch’orti’ de Guatemala y Honduras logran consensuar una articulación y alianza estratégica para una mejor resistencia en la lucha y defensa de sus territorios ante las amenazas extractivistas, persecución y criminalización, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Entre el 14 y 17 de Julio, en la ciudad de Choluteca (Honduras), más de 60 personas provenientes de 20 comunidades locales y representantes de organizaciones sociales nacionales e internacionales, se reunieron en el “Encuentro de comunidades afectadas por proyectos energéticos del sur de Honduras - Sin derechos humanos, no hay soberanía energética”. Los y las participantes analizaron el asedio que el país enfrenta en tribunales internacionales, a causa de las demandas de arbitraje internacional que muchas empresas transnacionales dueñas de estos proyectos energéticos, han interpuesto en contra de Honduras.

El Bajo Aguán sigue siendo una deuda pendiente para el Estado hondureño. Asesinato de campesinos, hostigamiento, persecución y estigmatización, desalojos forzosos, criminalización judicial e impunidad, es la cotidianidad de quienes se organizan por el acceso a la tierra y la defensa de territorios y bienes comunes.

Solidaridad con las comunidades hondureñas afectadas por las inversiones mafiosas contra Honduras. Esta semana, del 14 al 16 de julio, el Instituto de Estudios Políticos (IPS), el Instituto Transnacional (TNI), la Red de Solidaridad con Honduras (HSN) y TerraJusta, co-organizan en conjunto con las organizaciones hondureñas aliadas, Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH), MASSVida y Caritas Honduras, un encuentro de tres días en la ciudad de Choluteca, titulado: «Sin derechos humanos, no hay soberanía energética: Encuentro de comunidades afectadas por proyectos energéticos en el sur de Honduras».

Un grupo de expertos independientes, respaldado por la CIDH, investiga el caso de la ambientalista hondureña asesinada en 2016. Por primera vez, se investigará quiénes ordenaron su muerte y los intereses económicos detrás del crimen.