Argentina

Desde el pasado lunes 15, representantes de diversas organizaciones y sectores sociales se vienen sumando al plenario de diputados que debate el megaproyecto de ley presentado por el gobierno de Milei, «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos». Sus 664 artículos proponen cambios sustanciales a una gran diversidad de leyes vigentes, afectando derechos y garantías de sectores amplios de la población.

Mientras el foco está puesto en el litio, el cobre ocupa un papel silenciado: su demanda debería incrementarse 30 veces solo para la industria de autos eléctricos. En Catamarca y San Juan, los proyectos de megaminería MARA y Josemaría prometen, con discursos verdes, abastecer esa demanda. Las asambleas ciudadanas de Andalgalá y Jáchal denuncian que significarían el fin para los ríos y sus comunidades.

Familias campesinas denuncian que las aplicaciones terrestres y aéreas con agrotóxicos diezman la producción de animales y afectan su salud. Exigen medidas urgentes para frenar la vulneración de derechos. Al mismo tiempo, se organizan para participar en la redacción de la nueva ley de agroquímicos, anunciada por el Ministerio de Producción.

Las graves consecuencias de la crecida de ríos y arroyos en la provincia exponen los efectos de un modelo extractivo que tiene directa relación con la deforestación. Organizaciones sociales e investigadores denuncian el desmonte, el avance de la soja aguas arriba, la falta de políticas de cuidado del territorio y el accionar de la represas.

Cinco vecinos y vecinas de Chubut quedaron a un paso de un juicio oral por manifestarse contra la megaminería. Un día antes de la prescripción de la causa, el fiscal federal Fernando Gelvez solicitó la elevación a juicio al juez Ricardo Sastre, quien deberá decidir si avanza o rechaza el pedido. La criminalización como herramienta del modelo extractivo.

La agricultura industrial y su relato de producción como bien supremo son elementos centrales de la crisis climática. Su rostro menos publicitado es el impacto en la biodiversidad y en el calentamiento global. Un repaso de las falsas soluciones que propone el sistema y la posibilidad que brindan los sistemas agrícolas diversificados y la soberanía alimentaria.

El 27 de diciembre pasado el Gobierno Nacional presentó el proyecto de «Ley Ómnibus» que entre sus 664 artículos, el número 241, establece la adhesión de Argentina “a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991)». Esto es la adhesión a UPOV 91, y es un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, y “nacionales” como Bioceres o Don Mario.

Los pequeños productores de Misiones se declararon en movilización permanente contra el decreto que debilita el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y presentaron una medida cautelar. Tras un "tractorazo", lograron que la justicia federal de Misiones suspendiera los artículos del DNU 70/2023 referidos al INYM.