Ecuador

Con insistencia, quienes criticamos este seudosistema empeñado en socializar los costos y privatizar las ganancias sin miramiento alguno para las comunidades o la Naturaleza, nos percatamos de que la telaraña de despojo y devastación es más intrincada y paradójica de lo que suponemos.

La Corte Constitucional (CC) suspendió la actividad minera en la Reserva Biológica Los Cedros, en la provincia de Imbabura, luego de ratificar la sentencia de la Corte Provincial y acoger la acción de protección interpuesta por el GAD de Cotacachi en noviembre del 2017.

"Esta cartilla es el resultado de un proceso/ensayo llevado a cabo por el Instituto de Estudios Ecuatorianos y financiada por SWISSAID para construir una estrategia que permitiera levantar un proceso organizativo, sostenido y autónomo con mujeres campesinas, indígenas y agroecólogas de la Sierra centro (Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo) muchas de las cuales tenían una relación con Swissaid Ecuador desde años atrás. Durante la pandemia generada por el COVID 19, las múltiples crisis y el abandono del Estado ecuatoriano, la necesidad de juntarse se volvió urgente".

Apostarles a las exportaciones de materias primas para sustentar la economía, especialmente en momentos de crisis, no es una estrategia nueva pero ha cobrado importancia en el contexto de la pandemia global. En Ecuador, junto con los productos mineros, hubo un rubro que especialmente ganó atención y ha sido presentado como vía fundamental para generar divisas, dinamizar la economía y hasta luchar contra la pobreza rural: las agroexportaciones. Sin embargo, lo que se suele dejar fuera del foco son las relaciones de poder y de explotación dentro de la cadena agroexportadora que imposibilitan, contrario a la narrativa oficial, que todos los actores involucrados se beneficien de la misma manera de un aumento en las exportaciones.

La Confederación Nacional Agraria (CNA) emprendió una serie de iniciativas para que las autoridades de Ecuador y Perú declaren en emergencia la cuenca binacional Puyango Tumbes y reparen a las poblaciones afectadas por la contaminación.

Entre los ejes del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 está el Eje de Transición Ecológica, que incorpora políticas relativas al sector eléctrico, de hidrocarburos, minería y sus consideraciones relacionadas con la conservación de ecosistemas, cambio climático y prácticas ambientales. Para el Gobierno, la transición ecológica se enmarca en propuestas liberales como el desarrollo sostenible o las libertades individuales. El Plan, además, parte de una nueva territorialidad que no toma en cuenta que somos un país plurinacional, con territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades, y tierras comunitarias.

El eje económico del Plan de Creación de Oportunidades, presentado por Guillermo Lasso como la base de su propuesta de país, incluye un objetivo para el fomento de la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero bajo el enfoque de la economía circular. Lo que allí se encuentra no tiene nada que ver con las identidades socioecológicas que existen en nuestro país y que han cumplido un papel importante en el surgimiento de los diversos sistemas de producción (y alimentación) locales. 

A las 22 horas de la noche del 18 de octubre en el Consejo de la Judicatura de la Provincia de Pastaza se dictaminó una sentencia que, debido a la gravedad de los derechos colectivos vulnerados, ya se define como “histórica”. Al cabo de dos días de audiencias, la jueza Laura Cabrera aceptó la acción de protección interpuesta por la Nación Sapara del Ecuador (NASE) y la Defensoría del Pueblo de Pastaza en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por haber vulnerado los derechos colectivos de este pueblo indígena de la Amazonía Ecuatoriana.