Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Quince personas fueron detenidas acusadas por “usurpación de tierras” en Nueva Esperanza, Honduras.

La madrugada del 28 de junio de 2009, Honduras despertó con la esperanza de poder ejercer el derecho legítimo de decidir su propio futuro, algo que ni la oligarquía nacional, ni los militares, ambos coludidos con los sectores más conservadores y recalcitrantes de la política estadounidense, podían permitir.

"El estado de guerra en Los Altos afecta las estructuras culturales y el tejido social de comunidades tsotsiles que resolvían sus conflictos de manera interna y convivían pacíficamente. Durante las fiestas patronales, las comunidades de Chenalhó solían llevar su santo a visitar a la virgen en Aldama.  Dicha armonía se encuentra rota; este año, en pleno carnaval de Aldama, el tres de marzo, las comunidades de Tabak y Coco fueron rafagueadas".

Ante la intensificación de los asesinatos, secuestros y amenazas a través de panfletos en contra de los líderes sociales, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), denunció que el Estado colombiano es incapaz de proteger a los líderes sociales.

A quién todavía esté dispuesto a escuchar. Este es un mensaje de preocupación por la vida, por la dignidad. Los que firmamos esta carta estamos preocupados por lo que está pasando, nuevamente, en aquel rincón olvidado del sureste mexicano que se convirtió en el corazón de la esperanza y la rebeldía, Chiapas.

"Expresamos nuestro llamamiento a poner fin a todas las formas de represión, crímenes políticos y restricción de las libertades de los cuales el pueblo sudanés y sus fuerzas vivas y democráticas son víctimas, y cuyo objetivo es oponerse a la revolución y sumir al país en una espiral de violencia".

Diversas organizaciones y personalidades en materia de derechos humanos, medio ambiente y procesos sociales de una quincena de Países, emplazan al Estado Colombiano y sus gobernantes, encabezado por el Presidente de la República Iván Dique, ante lo que han denominado “El incumplimiento de obligaciones en derechos humanos y el derecho internacional humanitario ante los sistemáticos crímenes de lesa humanidad en contra de líderes sociales”.

A 39 meses del asesinato de la lideresa social y feminista, aún no hay sentencia escrita y los autores intelectuales caminan impunes.