Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

En una noche como ésta, cinco años atrás, un 2 de marzo, madrugada del 3 de marzo, unos sicarios entraban a la casa de Berta Cáceres. Le disparaban. La asesinaban. Nos mataban con ella… o así creímos cuando a las 5 de la mañana circulaba ya la noticia. Nos mataron a Berta. ¡Nos mataron!

Gracias Sra. Presidenta,

Los sistemas estructurales de Guatemala han mantenido por más de dos siglos la represión, discriminación y criminalización hacia personas que atentan los intereses de las cúpulas de poder político, militar y económico del país, principalmente a los pueblos indígenas.

El próximo jueves 25 de Febrero, Nury Martínez, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) – miembro de La Vía Campesina – intervendrá ante la reunión plenaria del 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU,  para denunciar la violencia y la represión sistemáticas contra organizaciones campesinas en Colombia, así como las continuas amenazas selectivas contra defensoras y defensores de la tierra y los territorios, incluso ella misma fue amenazada recientemente.

"Mi nombre es Samir Flores Soberanes, esta es la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. Soy campesino orgullosamente. ¿Qué es lo que me gusta de mi pueblo? De mi pueblo me gusta todo, sus barrancas, el ejido, el campo donde cultivamos, la gente con la que me topo a diario, mis vecinos, la comida de la región, me gusta todo".

Derechos colectivos de al menos 585 comunidades en Perú son amenazados y afectados por proyectos extractivos y de infraestructura. La mayor parte de estas comunidades están ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas.

Los proyectos hidroeléctricos son los que afectan a más comunidades indígenas en Guatemala, revela un estudio de la plataforma digital Derechos Colectivos Vulnerados. 

"La llegada de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, ha venido a crear condiciones más desfavorables para nuestras defensoras y defensores de la tierra y el territorio, debido a que la creación de decretos de emergencia y aislamiento de la sociedad, aunado al control policial y militar de la sociedad ha venido a aumentar la criminalización de la lucha por el acceso a la tierra y a violentar los DDHH de nuestros compañeros y compañeras campesinas".

La especialista en garantías fundamentales indica que el Gobierno del país centroamericano ha de “garantizar un entorno seguro y favorable” para las personas que defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.