Acaparamiento de tierras

A expansão da fronteira agrícola no cerrado do Maranhão, Tocantis, Piauí e Bahia, região conhecida como Matopiba, envolve uma série de ilegalidades. A afirmação consta no estudo Legalizando o ilegal, lançado na semana passada pela Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR), que estabelece conexões entre grilagem de terras públicas, desmatamento e expropriação de territórios tradicionais. 

Pesquisa inédita do De Olho nos Ruralistas mostra registros de propriedades sobrepostos em até 100% dos territórios ancestrais; Cadastro Ambiental Rural (CAR) autodeclarado afirma-se como instrumento da grilagem e da expulsão de povos originários.

Los flujos financieros destinados a la agricultura se vuelven cada vez más institucionales y más y más privados. La inversión en la agricultura ha estado presente desde tiempos inmemoriales. La gente dedicada a la agricultura, invierte diario, cuando mejora el suelo, establece cooperativas, comparte sus saberes con sus hijos y establece mercados locales.

América Latina es la región con mayor desigualdad en la concentración de tierras en el mundo: 1% de los propietarios rurales concentra 51% de las tierras agrícolas. Mientras la región en su conjunto representa un índice GINI ya alto de 0.79, América del Sur se mantiene con la concentración más alta de todo el continente, con un índice de 0.85 [1]. El avance de la frontera agrícola inducido principalmente por la demanda global de soja y carne es el factor central para profundizar la pobreza y la desigualdad en el acceso a la tierra en los países sudamericanos, sobre todo en las regiones identificadas como zonas prioritarias de expansión e inversión de la agroindustria [2].

Tres compañías multinacionales —Agilis Partners, Kiryandongo Sugar Limited y Great Season SMC Limited— están involucradas en acaparamientos de tierras y desalojos violentos, causando una humillación y un dolor nunca antes vistos a miles de familias campesinas, residentes en el distrito de Kiryandongo, Uganda. El acaparamiento ocurre en predios estatales abandonados, en los cuales, desde hace mucho tiempo, se han asentado y trabajado familias que llegaron al área huyendo de la guerra y de los desastres naturales en áreas vecinas. Las personas que aquí viven fueron desplazadas sin aviso, sin alternativas y sin siquiera negociar, y ahora intentan desesperadamente salvar sus hogares y sus vidas.

O fundo de investimentos da universidade norte-americana possui pelo menos 405 mil hectares de terras no Cerrado brasileiro. Muitas fazendas colecionam violações de direitos contra pequenos agricultores e crimes ambientais.

"Desde hace milenios, la responsabilidad de alimentar al mundo, a las personas que lo habitamos, recae en los campesinos y campesinas [1]. Sin embargo, esta crucial responsabilidad viene siendo amenazada, desde hace décadas, por un sistema económico que amenaza las prácticas tradicionales de comunidades y pueblos por todo el mundo. Se busca pasar todo por el tamiz de la lógica económica capitalista y mercantilista. Una lógica que convierte todo en mercancía susceptible de ser vendida y comprada en un mercado que se presenta como la forma única de atender las necesidades de las personas".

"Em tempos de crise sanitária e econômica devido à pandemia do coronavírus, um novo massacre contra o povo brasileiro está prestes a ser votado na Câmara Federal: a Medida Provisória 910/19, que pretende anistiar crimes de invasão de terra pública praticados até o final de 2018, favorecendo o desmatamento ilegal".