Acaparamiento de tierras

Entre el 9 y el 12 de noviembre de 2020, se reunirán 450 instituciones financieras de todo el mundo en lo que dicen que es la primera reunión internacional de bancos públicos de desarrollo, en una reunión a la que llaman la cumbre “Finanzas en Común”, bajo el auspicio del gobierno francés. Las instituciones, cuyo rango va del Banco Mundial al China Development Bank, destinan entre todos 2 billones de dólares al año en los así llamados proyectos de desarrollo — carreteras, plantas de energía, plantaciones agroindustriales y más. Gran parte de este gasto lo financia el público —nosotros— motivo por el que se llaman a sí mismos “bancos públicos de desarrollo”. Pero nuestras contrapartes en el terreno y nuestra experiencia nos muestra que no son públicos y que lo que financian no es desarrollo.

Varias organizaciones alertan sobre un intento de acaparamiento de tierras campesinas en Haití, por parte del partido en el poder, en beneficio de compañías transnacionales.

Como es común en Brasil, las tierras públicas que anteriormente estaban destinadas a la reforma agraria son objeto de enormes disputas, y quienes tienen dinero y poder siempre o casi siempre se valen de distintas artimañas para usurparlas, desde falsificar títulos de propiedad hasta amenazar o matar a líderes comunitarios y sindicales.

Pedimos a los miembros de la Junta que rechacen la solicitud de financiamiento REDD por más de USD 60 millones que ha sido presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua.

A expansão da fronteira agrícola no cerrado do Maranhão, Tocantis, Piauí e Bahia, região conhecida como Matopiba, envolve uma série de ilegalidades. A afirmação consta no estudo Legalizando o ilegal, lançado na semana passada pela Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR), que estabelece conexões entre grilagem de terras públicas, desmatamento e expropriação de territórios tradicionais. 

Pesquisa inédita do De Olho nos Ruralistas mostra registros de propriedades sobrepostos em até 100% dos territórios ancestrais; Cadastro Ambiental Rural (CAR) autodeclarado afirma-se como instrumento da grilagem e da expulsão de povos originários.

Los flujos financieros destinados a la agricultura se vuelven cada vez más institucionales y más y más privados. La inversión en la agricultura ha estado presente desde tiempos inmemoriales. La gente dedicada a la agricultura, invierte diario, cuando mejora el suelo, establece cooperativas, comparte sus saberes con sus hijos y establece mercados locales.

América Latina es la región con mayor desigualdad en la concentración de tierras en el mundo: 1% de los propietarios rurales concentra 51% de las tierras agrícolas. Mientras la región en su conjunto representa un índice GINI ya alto de 0.79, América del Sur se mantiene con la concentración más alta de todo el continente, con un índice de 0.85 [1]. El avance de la frontera agrícola inducido principalmente por la demanda global de soja y carne es el factor central para profundizar la pobreza y la desigualdad en el acceso a la tierra en los países sudamericanos, sobre todo en las regiones identificadas como zonas prioritarias de expansión e inversión de la agroindustria [2].