Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Unas 21 familias ashaninkas de la comunidad de Meantari, en el distrito de Pangoa, Junín, fueron desalojadas, bajo amenazas de muerte, por unos 60 taladores ilegales armados, denunció la asesora legal de la Central Ashaninka del Río Ene (Care), Irupé Cañari.

"Juan Ontiveros Ramos, indígena, activista y defensor de los derechos humanos de su comunidad fue encontrado muerto el miércoles 1 de febrero, después de que el día anterior sujetos encapuchados se lo llevaron con rumbo desconocido".

La Policía de Salta reprimió ayer un corte de media calzada de la ruta nacional 34, que llevaban adelante miembros de la Comunidad guaraní Happo P+au cerca de Embarcación. Mujeres, niños y adolescentes sufrieron la embestida de un grupo de Infantería.

"Hacemos un llamado urgente a las organizaciones del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena y a toda la sociedad a repudiar públicamente la actitud incomprensiva y antidemocrática de la gobernadora y esperamos que los legisladores sean coherentes y ratifiquen en el parlamento una vez más su voluntad de aprobar este proyecto a favor de los dueños legítimos de la tierra: los productores familiares."

Global Witness expresa su profunda consternación por la respuesta de algunas personas que representan al Estado y voceras empresariales ante la publicación de su nuevo informe ‘Honduras – el país más peligroso para defender el planeta’.

Los indígenas guaraníes llevan años encarando el desplazamiento forzado, la marginación y los ataques de terratenientes.

¡ALTO A LOS ASESINATOS DE COMPAÑEROS INDIGENAS RARAMURIS EN DEFENSA DE SU TERRITORIO! Denunciamos de manera urgente esta nueva barbaridad contra compañeros con compromiso destacado en la lucha de su pueblo por la recuperación de su territorio acaparado desde hace más de 40 años por grandes terratenientes ganaderos y grupos de la delincuencia organizada.

En Survival creemos que nadie está por encima de la ley, y por eso interpusimos una queja sobre WWF ante la OCDE, para denunciar los abusos que sufren los "pigmeos" bakas y bayakas a manos de patrullas antifurtivos financiadas por esta organización en Camerún y otras zonas de la cuenca del Congo.