Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Las comunas ancestrales de la costa han venido sufriendo el despojo de sus tierras por parte de intereses de empresas dedicadas al agronegocio, las camaroneras, a las urbanizaciones de lujo o fincas playeras. Estos despojos buscan concretarse a través de títulos de propiedad forjados, ocupación ilegítima, intimidación a líderes comunales, represión y judicialización a quienes se oponen a estas prácticas y despojos.

El hecho ocurrió mientras tomaba imágenes de los basureros petroleros ubicados en el Parque Industrial. La policía lo golpeó y le secuestró sus equipos. El secreto y la falta de transparencia como parte constitutiva de esta política hidrocarburífera. Mañana se presentará una denuncia ante la fiscalía provincial de Neuquén.

En este último repaso semanal de noticias de 2018 en Radio Mundo Real, analizamos la condena al defensor mapuche Facundo Jones Huala en Chile y recordamos las propuestas y exigencias del 9º Tribunal Ético de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas-ANAMURI para denunciar el terrorismo de Estado y la violencia empresarial contra las trabajadoras.

La historia se repite: En la madrugada del 6 de enero, hombres desconocidos y armados irrumpieron en una finca de la vereda San Isidro, zona rural de Bonda de la ciudad de Santa Marta, en donde se encontraba la lideresa social Maritza Quiroz Leiva, la asesinaron fríamente, aunque la Corte Constitucional había solicitado protección para su vida.

En un juicio abreviado, que duró dos semanas, el 14 de diciembre el lonko Facundo Jones Huala, autoridad mapuche de la Pu Lof Resistencia Cushamen, fue declarado culpable por la justicia chilena por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego. Una semana después, el juez Francisco Olate del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia comunicó la condena a 9 años de prisión.

“Sempre foi assim, primeiro tentam nos desqualificar, depois criminalizar. Mas apesar de tudo que já nos fizeram, seguimos em frente, firmes, porque temos uma causa e nela está a nossa força.”

El agronegocio avanza a pura violencia: Un nuevo Informe Especial retrata la forma en que el agronegocio avanza sobre el territorio campesino e indígena a lo largo y ancho del país, utilizando la violencia como arma. El último informe especial del 2018, recoge con fidelidad lo que fue una constante durante todo el año, el ataque a asentamientos y comunidades campesinas por parte de sojeros al mando de civiles armados.

Dos defensores de la Microrregión de Ixquisis (municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango) acaban de sumarse a la lista de las víctimas de la guerra que el gobierno guatemalteco y empresas como Energía y Renovación Holding S.A. (antes Promoción y Desarrollo Hídrico, S.A.) llevan contra la población local para imponer una serie de represas hidroeléctricas sin su consentimiento.