Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Cuando se cumplen dos años del asesinato de Berta Cáceres, las comunidades hondureñas siguen sufriendo los impactos del extractivismo depredador y luchando por defender los bienes comunes. Hablan las voces desde el terreno.

Roberto Castillo, era el presidente ejecutivo de la hidroeléctrica DESA que desarrollaba un proyecto al que se oponía la ambientalista. Es el noveno implicado en el crimen, del que se cumplen dos años.

La líder de la organización comunitaria, Berta Cáceres, fue asesinada durante la lucha contra la hidroeléctrica Agua Zarca. La ONG Global Witness destaca que entre 2009, año del golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, y enero de 2017 fueron asesinados 123 activistas por la defensa del territorio en Honduras.

Alrededor del mediodía, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional reprimieron a los manifestantes que se encontraban frente al Juzgado Federal, donde el Juez Gustavo Villanueva decidió extraditar al Lonko Facundo Jones Huala. La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma. Hay mas de quince personas detenidas entre ellas una mujer embarazada y un menor de edad, por el momento no se ha notificado que haya personas heridas.

"Cumpliéndose dos años de impunidad y falta de justicia, de falta de compromiso de un Estado cómplice en la búsqueda de quienes ordenaron y financiaron el asesinato, las palabras premonitorias de Berta son como rayos rasgando el cielo, sentando el principio de que NUNCA la podrán DOBLEGAR."

"30 kilómetros del curso del río Cahabón está preso en el interior de un canal afectando su vida y la del territorio que bañaba. También, desde hace unas semanas, está preso el maestro de escuela Bernardo Caal por liderar la lucha contra este delito medioambiental que afecta directamente a casi 30 mil personas del pueblo q’eqchi."

Por primera vez, la Corte Interamericana vinculó el cuidado del medio ambiente con los derechos humanos. El máximo tribunal americano sostuvo que los estados están obligados a respetar y garantizar estos derechos.

El 2 de marzo 2016, personas vinculadas a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos A.C. (DESA) asesinaron a nuestra hermana Berta Cáceres e intentaron quitarle la vida a nuestro compañero Gustavo Castro en La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras.