Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Cuando la naturaleza se convierte en mercancía y las comunidades locales son expulsadas de sus tierras en nombre de la “conservación” o son empleadas como conservacionistas privadas, desaparecen las prácticas tradicionales de gestión de la tierra".

El Consejo del Pueblo Maya -CPO- expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo Xinca y Mestizoque que ha sido objeto de un proceso sistemático de agresión, desinformación y hostigamiento por parte del poder corporativo minero Tahoe Resources en complicidad con el Poder Ejecutivo del Estado.

La peruana Máxima Acuña continúa firme frente a su reclamo hacia la minera Newmont. Su denuncia la ha llevado hasta Filadelfia, Estados Unidos, lugar en el que se desarrollará la audiencia ante la corte.

México ocupa el cuarto lugar en la lista de países más peligrosos para los defensores del medio ambiente, destacó la organización Global Witness con un informe en el que contabilizó a los ecologistas asesinados en el 2017.

El activista mexicano Gustavo Castro se encontraba con Berta Cáceres cuando fue asesinada en Honduras. A él lo dieron por muerto en el ataque. Hablamos con él sobre las políticas extractivistas, sobre las multinacionales, sobre la lucha por la defensa de la tierra y los derechos humanos, sobre los procesos de resistencia y la solidaridad entre los pueblos.

La Vía Campesina condena enérgicamente ante la opinión pública internacional el asesinato del compañero Márcio Matos (Marcinho) dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, en el estado de Bahía, Brasil.

“Mientras la cuestión agraria no se resuelva, mientras no se garanticen los derechos de los trabajadores rurales, de las comunidades quilombolas, de los pueblos indígenas y otros grupos sociales, a sus tierras ancestrales, los conflictos continuarán y proseguirá la violencia contra esos grupos y sus liderazgos”, afirma Thiago Valentim Pinto Andrade.

Si el 2017 no cerró bien, este nuevo año empieza de la misma manera. Enero cierra con la penosa cifra de 21 lideresas y líderes sociales y reclamantes de tierras asesinados. Durante el 2017 un total de 170 líderes y defensores, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y solo en enero de 2018 asesinaron al menos a un líder cada dos días.