Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Héctor Velázquez y Ana Kener son pequeños productores que trabajan la tierra hace más de 20 años en Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown, en la zona sur del conurbano bonaerense. El 21 de octubre pasado, sin mediar notificaciones ni mostrar orden alguna, fueron desalojados violentamente por un grupo de policías de esa tierra que trabajaron toda su vida.

Indígenas panameños exigen al presidente Juan Carlos Varela elaborar una hoja de ruta para cumplir la sentencia de la Corte interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado de Panamá por faltar a su derechos territoriales.

La abogada del colectivo que impulsa una ley para prohibir las fumigaciones aéreas y limitar el uso de agrotóxicos apuntó a los "intereses" y denunció que el gobernador nunca los recibió. "No hay respuestas", dijo Victoria Dunda.

Este material, producido por la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), aborda el marco legal de la política en relación a los Pueblos Originarios en Argentina, y también entrega una perspectiva acerca de los principales derechos y un interesante recorrido por algunos de los casos más emblemáticos de esta relación entre los Estados, Pueblos Originarios y las luchas por sus derechos.

"Jamais a presidente Dilma diria para os povos indígenas o que falou para a Confederação Nacional da Agricultura(CNA), na posse de sua presidente senadora Kátia Abreu: “Quero a CNA ao meu lado… Proponho mais que isso. Quero o produtor rural tomando decisões junto comigo, participando do governo e atuando diretamente na definição de novas políticas”.

"Verificar las constantes históricas, las repeticiones, también permite advertir que hubo y hay otra manera de tratar esa diferencia. Hacer lugar a la palabra del otro no es una concesión, una gracia gentil que le dispensamos al que consideramos semejante; es lo mínimo que esperamos de nuestra palabra en un devenir que no es individual, sino en un horizonte colectivo."

El Congreso Ambiental de Santander – CASA AGUAYA es un importante espacio de articulación de los procesos que defienden el territorio santandereano desde una óptica ambientalista y comprometida.

Después de más de un mes de asedio, amenazas e incluso detenciones, las familias sujetas a la reforma agraria lograron plantar bandera en territorio invadido.