Pueblos indígenas

Después de tener parlamentarios involucrados en los momentos que antecedieron y durante el ataque de hacendados contra la comunidad Guaraní y Kaiowá de Ñanderú Marangatú, en la mañana del último sábado 29 de agosto [Estado del Mato Grosso do Sul], la bancada ruralista emprende un nuevo ataque contra los pueblos indígenas.

Siete meses de acampe. Cuatro mesas de diálogo. Ninguna solución. Y los derechos humanos selectivos.

"El objetivo de esta Txawun fue el compartir la preocupación por la salud, equilibrio y armonía de nuestra madre tierra Ñuke Mapu y sus che, porque a nuestro territorio llegan proyectos ajenos a nuestra visión de desarrollo".

Los ayoreos están siendo exterminados por la violencia de los foráneos que roban sus tierras y recursos, y por enfermedades como la tuberculosis contra las que no tienen inmunidad.

Las delegaciones provenientes de varias regiones del país ya llegaron a la capital. Se reúnen con el objetivo de denunciar los incumplimientos de Juan Manuel Santos en las negociaciones con la Cumbre Agraria y a la vez oponerse al Plan Nacional de Desarrollo -PND-, la hoja de ruta del Gobierno entre el 2015 y el 2018.

“Esta lucha es para defender nuestro territorio, no para respaldar o defender a una u otra empresa petrolera”. Con estas palabras dos de las tres federaciones indígenas que participan en la Consulta Previa del Lote 192, hoy cuestionada, se desmarcaron de la convulsión social que se vive en la ciudad de Iquitos.

Un ambiente orquestado que evidencia la intención de desviar los procesos de reivindicaciones de tierras ancestrales que sostienen varias comunidades Mapuche en el centro sur de Chile y llevarlo a un escenario de mayor polarización, mayor represión, negación de derechos y a su vez, en la misma línea, de ampliar modelos donde grupos de poderes fácticos basan sus economías de lucro como es la industria forestal, energía y en menor medida la agroindustria.

Hace dos años la comunidad Campo Maripe se hizo públicamente conocida tras la toma de dos torres petroleras el día en que las empresas YPF y Chevron celebraron un acuerdo para desarrollar un plan piloto de extracción al interior de su territorio. Negando derechos e invisibilizando a la comunidad, los estados nacional y provincial avanzaron sobre el Lof que reaccionó tomando pozos, cerrando tranqueras y cortando caminos.